El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) pidió al Congreso local acelerar la aprobación de la reforma al Poder Judicial, ante el proceso que vivirá Campeche en 2028, cuando estarán en juego 70 cargos de elección popular, correspondientes a 16 magistraturas, 50 Juzgados de Primera Instancia y los nuevos cargos del Tribunal de Disciplina Judicial.
El presidente del TSJE, Juan Pedro Alcudia Vázquez, advirtió que la transformación debe establecer reglas claras y justas, preservar las capacidades y la experiencia acumuladas en el Poder Judicial y evitar que se debilite la institución.
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Lo anterior ocurrió durante la entrega a la Diputación Permanente del Congreso del Estado y la presentación del Informe de Labores del Año Judicial 2025- 2026. Alcudia Vázquez destacó que uno de los principales retos es humanizar la justicia, hacerla cercana y dejar atrás la imagen de un Poder Judicial distante de la ciudadanía. Señaló que la justicia no debe limitarse a resolver expedientes, sino contribuir a disminuir la tensión social, generar confianza, fortalecer la estabilidad y favorecer el desarrollo y la inversión en Campeche.
Durante su intervención, el magistrado presidente informó que el documento concentra el trabajo de mil 80 colaboradores que integran la familia judicial. Subrayó, además, que el TSJE cuenta con un legado de 168 años y sostuvo que su visión institucional es alcanzar la excelencia mediante principios técnicos, jurídicos y éticos, con el propósito de generar paz y bienestar.
Alcudia Vázquez explicó que la iniciativa para una nueva Ley del Poder Judicial va más allá de la Reforma Judicial de 2024, pues plantea herramientas técnicas distintas para responder a las necesidades actuales de los justiciables. Añadió que el reto también contempla abordar los haberes de retiro, figura jurídica que consideró necesario explorar mediante un diálogo abierto, especialmente porque las transformaciones previstas para 2028 podrían incentivar una renovación total de las magistraturas y los juzgados. Advirtió que se corre el riesgo de perder trayectorias, conocimientos y capacidades ya instaladas de quienes han dedicado años a impartir justicia.
“La justicia tiene que ser pronta, completa, imparcial, cercana y humana”, planteó, al destacar que detrás de cada resolución existen hogares, infancias, mujeres en situación de violencia, trabajadores, emprendedores e inversionistas que esperan respuestas oportunas
