Hasta 14 años de prisión, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos, podría enfrentar el alcalde con licencia definitiva de Palizada, Pedro Ayala Cámara, si se configura el delito de peculado por los presuntos desvíos de más de 46 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) durante los primeros meses de su administración.
El expresidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche, José Alfredo Cardeña Vázquez, explicó que es necesario analizar la conducta atribuida al exedil para determinar si encuadra en el tipo penal, pues no todas las irregularidades administrativas constituyen delitos.
Señaló que, si se acredita que los recursos públicos fueron desviados en beneficio del propio servidor público, de sus familiares o de terceros, podría configurarse el peculado. Consideró que, por el monto observado en Palizada, se trata de una cantidad considerable que amerita esclarecer el destino del dinero y determinar las posibles responsabilidades.
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De acuerdo con el abogado, el artículo 223 del Código Penal Federal contempla sanciones de dos a 14 años de prisión cuando el monto involucrado excede el límite legal de 500 unidades de medida y actualización (UMA), además de multas. También puede imponerse la destitución e inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicas por un periodo que podría alcanzar los 20 años, conforme a las disposiciones aplicables.
Aclaró que estos señalamientos no implican que exista una responsabilidad penal acreditada, pues corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar si se cometió algún delito.
En cuanto al procedimiento, explicó que la Asecam, si cuenta con elementos que sustenten la existencia de un posible desvío, tiene facultades para presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (Feccecam) y aportar la documentación que respalde las observaciones de la auditoría.
La Fiscalía deberá integrar la investigación y, en su caso, ejercer acción penal ante los tribunales.
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Respecto a una posible prisión preventiva, el especialista precisó que el peculado no amerita prisión preventiva oficiosa. No obstante, podría solicitarse la prisión preventiva justificada si se cumplen los requisitos legales, por ejemplo, ante riesgos procesales debidamente acreditados.
Añadió que, si el imputado no comparece ante los llamados de la autoridad o existen indicios de que pretende sustraerse de la justicia, la Fiscalía podría solicitar las medidas cautelares correspondientes.
Sería la segunda ocasión en que Ayala Cámara enfrentaría un proceso penal por el mismo delito. El 15 de enero de 2018, cuando se desempeñaba como alcalde por el Partido Acción Nacional (PAN), fue detenido por el presunto desvío de un millón 310 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), recursos que debieron destinarse a la construcción de 31 baños en distintas comunidades. Por estos hechos, fue vinculado a proceso e ingresado al Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén.
Tras acogerse a un procedimiento abreviado en el que se declaró culpable, Ayala Cámara fue excarcelado, aunque tuvo que pagar un millón 310 mil 978 pesos como reparación del daño, además de una multa de 25 mil pesos.
