Cerca de 500 ejidatarios de Hecelchakán se manifestaron en el Palacio de Gobierno para exigir la intervención inmediata de las autoridades estatales y el desalojo de entre 250 y 300 personas provenientes de Guatemala, Tabasco Veracruz y Chiapas, quienes desde hace aproximadamente dos meses y medio mantienen invadidas 34 mil 244 hectáreas de la ampliación forestal Chuunkopó, perteneciente a la Reserva de la Biosfera de Balam-Kú, entre los municipios de Escárcega y Candelaria.
Advirtieron que, si no reciben una respuesta, bloquearán la carretera federal e incluso ingresarán por la fuerza para expulsar a los ocupantes, aunque haya enfrentamientos y corra sangre.
Encabezados por el comisario ejidal, Jorge Moisés Ehuán Dzul, los inconformes señalaron que la invasión continúa creciendo ante la falta de actuación de las autoridades, pese a que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (Fgecam), en Escárcega, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), sin que hasta ahora se haya concretado algún operativo para recuperar los terrenos.
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Precisaron que son 840 ejidatarios los afectados y aseguraron contar con la carpeta básica, planos y documentación que acreditan la propiedad del núcleo ejidal de Hecelchakán, respaldada por decreto presidencial. Ehuán Dzul sostuvo que prácticamente toda la zona de la laguna conocida como Chuunkopó está ocupada y que los invasores ya se instalaron, abren brechas y comenzaron a derribar árboles que durante años han conservado. Incluso, tienen conocimiento de que pretenden abrir una carretera dentro del área.
Los manifestantes denunciaron además que en el lugar se estaría haciendo negocio con los terrenos, pues presuntamente cobran cantidades de entre 10 mil y 100 mil pesos a quienes buscan ingresar.
Aunque aseguraron que todavía no han tenido confrontaciones directas, advirtieron que cada día llegan más personas y que la situación podría derivar en violencia si las autoridades continúan sin intervenir.
Por su parte, los ejidatarios Armando Paat y José María Collí Uc cuestionaron que la Fiscalía no persiga el delito de invasión, pese a que está tipificado en la legislación estatal, y reclamaron que se permita a los ocupantes permanecer en tierras cuya propiedad, afirmaron, está debidamente acreditada. Señalaron como presunto responsable de encabezar la ocupación a un individuo que anteriormente vivía en el ejido 3 de Mayo y habría perdido sus tierras.
Los inconformes aseguraron que incluso cuando intentaron convencer a los ocupantes de retirarse, estos se negaron bajo el argumento de que pretenden formar un nuevo núcleo poblacional, algo que, recalcaron, no les corresponde.
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También cuestionaron la falta de vigilancia de las autoridades ambientales, el Ejército y la Guardia Nacional, pues señalaron que mientras a campesinos se les sanciona por transportar madera verde, en Chuunkopó se destruye la selva sin que nadie intervenga.
Finalmente, exigieron a la gobernadora Layda Sansores San Román que instruya a las dependencias correspondientes a actuar y ejecutar el desalojo, pues aseguraron que esta reserva representa uno de los últimos pulmones naturales de Campeche. Advirtieron que la protesta en Palacio de Gobierno es apenas el inicio de sus acciones y que, de no obtener respuesta, están dispuestos a cerrar la carretera federal y enfrentarse a los invasores para defender las 34 mil 244 hectáreas que consideran parte de su patrimonio ejidal, aun cuando ello implique llegar hasta las últimas consecuencias.
