La visita de Ricardo Cancela Neves, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, al Congreso del Estado dejó más dudas que certezas. Tras sostener una reunión privada con el presidente del Poder Legislativo, diputado Antonio Jiménez Gutiérrez, el funcionario se negó a emitir cualquier posicionamiento público, incluso frente a activistas que le reprocharon hechos sensibles relacionados con presuntas vulneraciones a policías, activistas, periodistas y ciudadanos en la entidad.
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Aunque confirmó que cuenta con información sobre estos casos, Cancela Neves optó por retirarse del recinto legislativo sin ofrecer entrevistas ni aclarar el motivo de su presencia en Campeche, lo que generó cuestionamientos sobre la falta de transparencia en un tema que, por su naturaleza, exige apertura y rendición de cuentas.
El hermetismo contrastó con la urgencia de quienes buscaban ser escuchados. A las afueras del Congreso, el activista Eloy Romero Acuña, integrante del colectivo "Campeche por 40 horas", logró interceptarlo para exponer su caso. Denunció haber sido detenido por elementos de la Policía Estatal el 28 de septiembre de 2025, durante una manifestación, en un hecho que, asegura, vulneró sus derechos.
Lejos de ofrecer una respuesta pública, el representante internacional se limitó a escuchar y a canalizar el seguimiento del caso a través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam), encabezada por Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía. Acordó con los activistas un posterior acercamiento para recabar más información.
No obstante, la decisión de no fijar postura ni atender a medios en un contexto de denuncias delicadas, como las 158 quejas en contra de la Alcaldía de Carmen que encabeza Pablo Gutiérrez Lazarus, del 2021 a la fecha, dejó un vacío preocupante. La presencia de organismos internacionales suele ser clave para visibilizar problemáticas, pero en este caso, el silencio alimenta la percepción de opacidad.
La negativa reiterada de Cancela Neves a emitir comentarios, aun cuando reconoció estar al tanto de los hechos, abre el debate sobre la efectividad de estas visitas y el compromiso real con las víctimas.
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JGH
