De las 130 personas reportadas como desaparecidas en Campeche, 30 aún no han sido localizadas y de las 100 encontradas, dos lamentablemente estaban muertas. Esto con base en las estadísticas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Ante este panorama, las asociaciones civiles Conciencia Crítica y Resurgimiento advirtieron que existen fallas graves en las estrategias de seguridad, competencia directa de las corporaciones policiales. Además, señalaron que la situación exhibe la presencia del crimen organizado y abre la posibilidad de colusión en gobiernos municipales.
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Los activistas Rosalía Hernández Estrella y José Adam Castillo Dzib coincidieron en que este delito no debe minimizarse bajo el argumento de que Campeche no tiene la misma incidencia que otras entidades del país. Hernández Estrella lamentó que en el estado ocurran hechos delictivos que antes eran desconocidos. "Esto no pasaba, como los asesinatos en moto que ahora cometen las personas; era algo que se desconocía y ahora resulta que es el pan de cada día en Campeche", apuntó, cuestionando quién debe asumir la responsabilidad ante una política de seguridad que no está funcionando.
Asimismo, consideró que la violencia podría ser un factor de pugna entre grupos políticos para intentar desacreditar a quienes actualmente gobiernan, haciendo parecer que no hay capacidad para frenar estas acciones. En este conflicto, sugirió, estarían involucrados el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena, partido que actualmente encabeza la administración estatal.
No obstante, planteó que la delincuencia organizada también podría estar detrás de las desapariciones y los crímenes sicariales. Incluso advirtió que las autoridades municipales podrían estar ligadas a estos casos, tomando como referencia las detenciones de alcaldes vinculados con el narcotráfico en otras regiones de México. Por ello, exigió una actuación urgente y responsable por parte de la policía y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Por su parte, Castillo Dzib afirmó que los números de desapariciones van en aumento como consecuencia directa de la falta de estrategias en la administración estatal, por lo que urgió a no esperar a que la problemática alcance los niveles de gravedad que se viven en estados como Michoacán, Jalisco o San Luis Potosí.
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JGH
