A pesar de las resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que han considerado violatorio de derechos e inconstitucionales los operativos ‘Mochila Segura’ realizados en algunas partes del país, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) aseguró que “no está cerrada la puerta” para su aplicación en nuestra Entidad.
El organismo autónomo colabora con la Secretaría de Educación (Seduc) en la elaboración del protocolo de actuación para garantizar que no se transgreda ningún derecho de las infancias y adolescencias en las 545 escuelas —389 secundarias y 156 preparatorias— donde se implementaría esta estrategia, luego de las amenazas de tiroteo y hechos de violencia registrados en algunos planteles en la geografía estatal.
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De acuerdo con la Seduc, el operativo será dirigido a 83 mil 600 estudiantes, 45 mil 544 de secundaria y 38 mil 56 de preparatoria.
Al respecto, la presidenta de Derechos Humanos, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, explicó que, desde hace más de un mes, se trabaja con la autoridad educativa para diseñar un protocolo de revisiones preventivas en los centros educativos bajo criterios que respeten los derechos humanos y el marco constitucional.
Reconoció que esta medida de seguridad cobra fuerza tras varios incidentes registrados en la Entidad, entre ellos amenazas sobre posibles ataques armados, así como el hallazgo de objetos de riesgo dentro de algunos planteles, lo que generó preocupación entre docentes, estudiantes y padres de familia.
Tanto la CNDH como la SCJN han emitido resoluciones relacionadas con los operativos ‘Mochila Segura’, pero dichos criterios no constituyen una prohibición absoluta, sino que determinaron que las revisiones se realizaron sin proteger la dignidad, privacidad e integridad de niñas, niños y adolescentes, siendo consideradas violatorias de derechos humanos e inconstitucionales.
Cualquier medida que se pretenda aplicar deberá ajustarse a los estándares constitucionales y de derechos humanos, como evitar la exposición pública de los estudiantes, acciones que puedan ocasionar afectaciones psicológicas o físicas y establecer procesos claros, transparentes y sujetos a supervisión.
La participación de madres, padres y tutores será indispensable, ya que el primer filtro debe ser desde los hogares con la revisión de los objetos que los alumnos llevan a la escuela, y cualquier estrategia requerirá la autorización expresa de los responsables de los menores.
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JG
