La Fiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambientales y Ecosistemas del Estado inició una investigación por una pelea de gallos que presuntamente se llevó a cabo el pasado domingo en la Junta Municipal de Bécal, en el municipio de Calkiní, evento que podría configurarse como delito de maltrato animal.
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De acuerdo con la información oficial, la Alcaldía de Calkiní notificó al titular de dicha Fiscalía, Alexandro Brown Gantús, sobre la realización de esta actividad, la cual no contaba con los permisos municipales correspondientes, y que encuadra en posibles conductas sancionables conforme a la legislación vigente en materia de protección animal.
Los hechos ocurrieron en la Comisaría Municipal de Bécal, donde se reportó la celebración de la pelea. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal en apoyo a personal de la Dirección de Gobernación Municipal, así como autoridades estatales, con el objetivo de clausurar el evento irregular.
No obstante, las autoridades enfrentaron limitaciones para intervenir directamente, ya que los elementos policiacos no pudieron ingresar al inmueble donde se desarrollaba la actividad, debido a que se trata de una Comisaría Ejidal, considerada como propiedad federal.
Según la cartelera del evento, la organización estuvo a cargo del grupo Mini Club Pomuch Hecelchakán, y el presunto organizador habría argumentado contar con autorización por parte de un diputado local, aunque no presentó documentación oficial que acreditara permisos municipales o estatales.
Pese a ello, la Fiscalía confirmó que, a través del Ministerio Público con sede en Calkiní, se abrió una carpeta de investigación. Asimismo, se giraron instrucciones para realizar las diligencias correspondientes, con el propósito de integrar el caso y, en su momento, judicializarlo ante un Juez de Control.
La Fiscalía reiteró que la realización de peleas de gallos puede ser considerada como maltrato animal, lo que implica sanciones legales que van desde multas de 12 mil a 22 mil pesos hasta prisión de seis meses a tres años para los organizadores y participantes, según el Código Penal del Estado.
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JGH