En el municipio Benito Juárez actualmente se brinda seguimiento a 238 familias cuyos hijos fueron identificados en situaciones de riesgo relacionadas con el trabajo infantil, de acuerdo con Marisol Sendo Rodríguez, Directora del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por lo que existe una Coordinación Especializada para la Detección y Atención de esta problemática.
Sendo Rodríguez indicó que la dependencia además realiza operativos permanentes en distintos puntos de Cancún.
“Se trata principalmente de menores que venden productos en la vía pública, acompañan actividades comerciales de sus padres o realizan labores derivadas de las condiciones económicas de sus hogares”.
La funcionaria aclaró que estos casos no corresponden a niños en situación de calle. Por el contrario, aseguró que todos los menores identificados cuentan con un núcleo familiar y que hasta el momento no existe registro oficial de niñas o niños viviendo permanentemente en las calles de la ciudad.
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“No tenemos al momento ningún registro de niños en situación de calle. Los menores que atendemos tienen familia; algunos fueron detectados vendiendo dulces, realizando alguna actividad económica o acompañando a sus padres, pero cuentan con un núcleo familiar y tampoco se trata de explotación laboral”, señaló.
Explicó que muchos de estos casos están relacionados con necesidades económicas, dinámicas familiares complejas o patrones culturales de algunas comunidades migrantes, particularmente provenientes del sur del país, por lo que la atención se enfoca en prevenir la vulneración de derechos y mantener a los menores dentro del sistema educativo.
Aunque la Península de Yucatán y el estado se ubican entre las entidades con menores índices de trabajo infantil del país, especialistas y autoridades coinciden en que aún existen “focos rojos” relacionados con la pobreza, la migración y los riesgos de explotación que afectan a la infancia.
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio, las cifras oficiales muestran que la entidad mantiene indicadores muy por debajo de la media nacional, aunque persisten casos que obligan a reforzar las acciones de prevención y protección.
De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del INEGI, publicada en 2025, en México había 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años en esta situación, equivalente al 13.1 por ciento de la población de ese grupo de edad. En Quintana Roo, la tasa fue de 6.8, la de menores ocupados en actividades no permitidas del 4.3%, mientras que el porcentaje de quienes realizaban labores peligrosas se ubicó en 3.8%, cifras muy inferiores a las registradas en entidades como Guerrero, Chiapas, Oaxaca o Nayarit.
Pobreza, un factor
Especialistas señalaron que la pobreza continúa siendo uno de los principales factores que empujan a los menores a incorporarse a actividades laborales y coincidieron en que a ello se suman fenómenos como la migración hacia destinos turísticos, la violencia familiar y el abandono escolar.
Para el abogado penalista Miguel Ángel Kim Martínez, la falta de oportunidades para las familias genera condiciones de vulnerabilidad que pueden ser aprovechadas por grupos delictivos. “Debemos proteger a la infancia y garantizar que permanezca en las escuelas. Cuando no existen oportunidades suficientes para las familias, los menores pueden convertirse en población vulnerable para la delincuencia organizada”, advirtió.
Los expertos subrayaron que es importante distinguir entre trabajo infantil, explotación laboral y trata de personas, ya que no todos los casos responden a la misma problemática. En Quintana Roo, las recientes alertas se han emitido por casos de explotación infantil vinculados a redes delictivas. Uno de los más notorios ocurrió en Cancún, donde fueron rescatados 16 menores que presuntamente eran obligados a vender productos bajo condiciones de explotación laboral.
La directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Tania Ramírez Hernández, señaló que la entidad destaca en las estadísticas nacionales de trata de personas porque ha incrementado la documentación y judicialización de estos delitos, permitiendo visibilizar una problemática que durante años permaneció oculta.
Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que durante el primer cuatrimestre del año se registraron 90 casos de corrupción de menores, en comparación con los 42 casos contabilizados en el mismo periodo del año pasado, es decir, más del doble este año; en cuanto a trata de personas se reportaron 65 (aunque no se especifican las edades) y ningún caso de menores por trata de personas con fines de explotación laboral.
A pesar de que el estado presenta mejores indicadores que gran parte del país, el reto no está únicamente en mantener bajas las estadísticas, sino en evitar que las condiciones de vulnerabilidad deriven en explotación, abandono escolar o captación de menores por redes criminales.
El desafío para la entidad consiste en que el crecimiento económico y turístico vaya acompañado de mejores condiciones de bienestar para las familias, de manera que ningún niño o adolescente tenga que sacrificar su educación, su seguridad o su desarrollo para contribuir al sustento del hogar.
Talón de Aquiles
Mientras tanto, en Playa del Carmen, menores de edad recorren la Quinta Avenida para ofrecer al turismo diversos productos, pulseras, alhajas o recuerdos de plata, esto a pesar de que las autoridades municipales señalaron que no permitirían a los infantes en la zona.
Para los comerciantes Anselmo Cruz y Lorenzo Sánchez, el Gobierno debería impulsar programas de capacitación para que los padres de los menores puedan incorporarse en el emprendimiento y se proteja a los infantes.
“Los padres de familia son responsables al exponer a sus hijos en la calle, los obligan a trabajar cuando deberían estar en algún centro educativo para su sano desarrollo; entendemos las necesidades económicas de las familias pero no deben utilizar a sus hijos”, comentó Anselmo Cruz.
“Todos estamos atravesando por situaciones complicadas porque al caer la afluencia de visitantes se cae la economía y los productos básicos van al alza en sus costos; por lo tanto, los salarios quedan pulverizados. Esto nos obliga a trabajar horas extras, pero no debemos exponer a nuestros niños”, refirió.
Los menores enfrentan graves peligros en la vía pública, sobre todo en este periodo de altas temperaturas, calor o lluvia; no deben ser expuestos a la violencia ni a la explotación laboral, por lo que el Gobierno estatal debería impulsar programas para insertar a los tutores en el emprendimiento, opinó Lorenzo Sánchez.
Sánchez agregó que todos los días se observa a menores recorrer la zona turística ofreciendo collares, pulseras y plata a visitantes para contribuir en la economía familiar. Sin embargo, consideró que esto vulnera sus derechos fundamentales, pues se cree que son forzados por los adultos a trabajar o pedir dinero, por lo que esperan que las autoridades protejan a los niños.
La explotación de niños por parte de sus padres es una grave violación a los derechos humanos. Se infiere que los tutores obligan a los menores a trabajar en el comercio informal debido a situaciones de pobreza extrema; no obstante, el Gobierno debe fortalecer acciones para salvaguardar a los infantes, opinó el ciudadano Raúl Tosca Mandujano.
El pasado 15 de mayo, el Ayuntamiento de Solidaridad anunció que reforzaría las acciones para proteger a menores de edad que pudieran encontrarse en situaciones de vulnerabilidad en la zona turística.
Incluso, el presidente honorario del DIF municipal, Eduardo Asencio, en coordinación con elementos de la Policía Turística y personal de Fiscalización, realizaron un recorrido como parte de las acciones. En esa jornada anunciaron la campaña preventiva “Dar no es ayudar”, mediante la entrega de información a visitantes, trabajadores y prestadores de servicios para crear conciencia y proteger a los niños y adolescentes.
Sin embargo, en la zona turística el escenario es adverso, porque menores de edad continúan laborando como si fuesen adultos. No se trata de perseguir, sino de que las autoridades abran espacios la- borales para los padres y que esos niños estén protegidos, concluyó el comerciante Álvaro Cano Jiménez.
