Diputados integrantes de las comisiones de Enlace en Materia de Fiscalización, así como de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Anticorrupción, exigieron esclarecer la situación jurídica del inmueble ubicado en el Centro Histórico de la ciudad, propiedad del Ayuntamiento de Campeche y actualmente ocupado por una empresa privada, ante la inexistencia de registros públicos sobre algún convenio, comodato o autorización formal para su uso.
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El caso involucra un predio situado sobre la calle 61, en el primer cuadro de la ciudad, ocupado por la empresa Ópticas Gary. De acuerdo con información de la Secretaría de Administración y Finanzas (Seafi), el inmueble forma parte del patrimonio municipal. Sin embargo, en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) no existen documentos relacionados con algún procedimiento legal que justifique su utilización por parte de un particular.
El diputado y vicepresidente de la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, Jorge Pérez Falconi, señaló que es necesario revisar la documentación y corroborar la información. No obstante, advirtió que, de confirmarse la inexistencia de autorizaciones legales para la ocupación del inmueble, podría configurarse una violación a la normatividad vigente.
“Si efectivamente existe evidencia de que no se siguieron los procedimientos legales correspondientes, estaríamos ante una posible violación de la ley”, expresó.
El legislador indicó que tanto el Congreso del Estado como la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) cuentan con facultades para intervenir y solicitar información sobre el caso. Explicó que podría promoverse una revisión por parte del órgano fiscalizador para determinar si el uso del inmueble cumple con los requisitos legales establecidos.
Señaló que las comisiones legislativas competentes podrían solicitar informes a las autoridades municipales e incluso requerir explicaciones sobre las condiciones bajo las cuales el predio fue entregado para su utilización.
Pérez Falconi recordó que las administraciones públicas tienen facultades para otorgar inmuebles en comodato a organizaciones civiles o instituciones que desarrollen actividades de interés social, cultural, educativo o asistencial, siempre que se cumplan los procedimientos legales y exista la debida autorización. Insistió que, antes de emitir conclusiones, es indispensable conocer si existe algún documento que respalde la ocupación del inmueble por parte de la empresa privada.
La diputada Delma Rabelo Cuevas, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado, consideró que el asunto corresponde principalmente al ámbito municipal y señaló que las explicaciones deben ser proporcionadas por las autoridades del Ayuntamiento y los regidores.
Reprochó que la desaparición de los organismos de transparencia ha dificultado la consulta ciudadana de información gubernamental. “Si no hay registro en la Plataforma Nacional de Transparencia, eso refleja los efectos de las reformas que han debilitado los mecanismos de acceso a la información”, manifestó.
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JGH
