Aunque se aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar la mínima intervención y evitar la revictimización cuando menores de edad participen en procesos judiciales como víctimas o testigos, las Fiscalías de Campeche y de gran parte del país enfrentan una grave carencia: la falta de psicólogos clínicos infantiles y personal especializado que acompañe a los menores durante estos procedimientos, situación que pone en riesgo su salud mental.
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Así lo advirtió el presidente del Colegio de Psicólogos de Campeche, Luis Miguel López Cuevas, quien calificó la modificación legal como un avance necesario, aunque insuficiente si no va acompañada de cambios estructurales dentro de la Fiscalía General del Estado de Campeche y demás instituciones encargadas de procurar justicia.
Explicó que, durante años, el sistema judicial ha privilegiado la obtención de pruebas y testimonios sin considerar el impacto emocional que generan los procedimientos en las víctimas menores de edad. En muchos casos, niñas, niños y adolescentes son llevados a declarar en repetidas ocasiones ante distintas autoridades, como Ministerios Públicos, policías y otras dependencias, obligándolos a revivir experiencias traumáticas.
López Cuevas lamentó que las entrevistas frecuentemente sean realizadas por personal sin la preparación adecuada para atender a menores de edad, además de que no existen protocolos especializados que eviten interrogatorios innecesarios. Esta situación, dijo, incrementa el miedo, la ansiedad y la incertidumbre de las víctimas, quienes incluso pueden modificar sus declaraciones debido al temor o a la cercanía con su agresor.
El especialista señaló que estas prácticas tienen consecuencias severas en la salud mental, pues cada vez es más común atender a menores con trastornos de ansiedad, estrés postraumático, alteraciones del sueño, problemas escolares, conductas agresivas y una creciente desconfianza hacia los adultos. En muchos casos, añadió, el daño psicológico ya no proviene únicamente del delito sufrido, sino también del trato recibido durante el proceso judicial.
Advirtió además que muchas Fiscalías del país carecen de psicólogos forenses, psicólogos clínicos infantiles, cámaras de Gesell y personal suficiente para brindar una atención profesional y especializada. Incluso, alertó que en ocasiones personas sin formación clínica desempeñan funciones terapéuticas para las que no están preparadas, debido a la falta de regulación en el ejercicio profesional.
El presidente del Colegio de Psicólogos consideró que la reforma aprobada obliga ahora a la Fgecam a fortalecerse con especialistas en salud mental infantil, implementar protocolos específicos para entrevistas, eliminar declaraciones repetitivas, garantizar acompañamiento psicológico permanente y reducir los tiempos de espera para las víctimas.
Subrayó que la prioridad del sistema de justicia no debe limitarse a resolver un expediente, sino a proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes. “Una justicia verdaderamente efectiva debe ser también humana y sensible, evitando que quienes ya fueron víctimas de un delito sufran nuevamente por la forma en que son atendidos”, concluyó, al hacer un llamado para reforzar la capacitación del personal y dotar a las Fiscalías de los recursos humanos especializados que hoy siguen siendo insuficientes.
JGH
