La reforma laboral para reducir la jornada semanal a 40 horas comienza a generar ajustes entre empresas campechanas, aun cuando su aplicación será gradual a partir de 2027 y concluirá en 2030. De acuerdo con la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el Estado, algunos negocios ya modifican sus reglamentos para anticiparse a las nuevas disposiciones.
La titular de la STPS, Annabel Báez Vázquez, explicó que actualmente se encuentra en marcha la capacitación del personal que participará en la difusión y vigilancia del cumplimiento de la reforma. Señaló que la autoridad estatal, mediante un acuerdo con la Secretaría Federal del Trabajo, deberá orientar a los empleadores sobre el calendario y mecanismos de implementación progresiva.
Recordó que la reforma no obliga a otorgar automáticamente dos días de descanso, por lo que cada centro de trabajo deberá adecuar sus esquemas para cumplir con el límite de horas establecido. En caso de mantener jornadas superiores, deberán cubrirse las horas extraordinarias conforme a la legislación laboral.
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Algunas empresas ya se han acercado a la STPS para resolver dudas e incluso han comenzado a modificar sus reglamentos internos, lo cual permitirá anticipar la transición y evitar incumplimientos.
La dependencia organizará pláticas y talleres con cámaras empresariales, organismos patronales y municipios, extendiendo las actividades hasta Escárcega y Ciudad del Carmen.
Advirtió que el cumplimiento no será opcional y que, al entrar en vigor, habrá inspecciones para verificar el respeto a la reducción de la jornada. Las empresas que incumplan podrán enfrentar multas de entre 250 y 2 mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Además, alertó que obligar a trabajadores a laborar por encima de la jornada legal sin cubrir horas extraordinarias podría trascender al ámbito penal, configurando el delito de trata de personas en la modalidad de explotación laboral, con penas privativas de libertad.
La STPS llamó tanto a patrones como a trabajadores a informarse y acercarse a la dependencia para realizar una transición ordenada y evitar que la implementación de las 40 horas semanales derive en sanciones.
