Los responsables de la contaminación generada por el tiradero de basura ubicado junto al Cementerio Siglo XXI, en la capital de Campeche, podrían enfrentar penas de prisión y multas millonarias, que en caso de acreditarse delitos federales por contaminación de aguas podrían superar los 300 millones de pesos, señaló Alexandro Brown Gantús, titular de la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas.
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El funcionario explicó que las investigaciones continúan para determinar el grado de afectación provocado por los residuos acumulados en el sitio. Entre lo localizado se encuentran desechos que requieren un manejo especial, como lavadoras, licuadoras, refrigeradores y llantas, debido a los materiales y sustancias que pueden contener.
Brown Gantús detalló que entre los elementos que preocupan a las autoridades se encuentran metales como plomo, cromo, zinc, mercurio y cadmio, considerados altamente contaminantes debido a que pueden afectar el suelo y el agua. Sin embargo, precisó que todavía están pendientes los análisis de los lixiviados y de las aguas para establecer si existe contaminación y conocer su alcance.
Los resultados de estos estudios serán integrados a la carpeta de investigación y posteriormente presentados ante el juez de control que intervino en el caso. De acuerdo con el Vicefiscal, será hasta contar con estos dictámenes cuando las autoridades puedan tener un panorama más completo de las afectaciones y fortalecer la investigación contra quienes resulten responsables.
El caso ya había encendido las alertas debido a la posibilidad de que los lixiviados generados por los residuos alcanzaran cuerpos de agua subterráneos. Por ello, se prevé la intervención de instancias federales y la realización de estudios especializados para determinar el posible impacto ambiental.
Otro de los puntos que forma parte de la investigación es la propiedad del terreno donde se encuentra el tiradero. Brown Gantús aseguró que dentro de la carpeta fueron presentadas ante el juez las escrituras que señalan al Ayuntamiento como propietario del predio. No obstante, aclaró que esto no determina automáticamente quién es responsable de la disposición de los residuos, pues el deslinde de responsabilidades continúa.
En cuanto a las sanciones, explicó que bajo la legislación estatal las multas pueden superar el millón y medio de pesos, mientras que las penas de prisión podrían ir desde un mes hasta aproximadamente tres o cuatro años, dependiendo del delito que llegue a configurarse y de la responsabilidad que determine la autoridad judicial.
El panorama podría ser más grave si los estudios confirman conductas que constituyan delitos de competencia federal. Brown Gantús indicó que se dará vista a las autoridades federales y que, bajo ese escenario, las penas podrían alcanzar hasta nueve años de prisión.
Además, señaló que las sanciones económicas serían considerablemente mayores en caso de comprobarse contaminación de aguas. Al ser cuestionado sobre el monto que podrían alcanzar, el Vicefiscal aseguró que las multas podrían superar los 300 millones de pesos, aunque la sanción dependerá finalmente de los delitos acreditados y del daño ambiental determinado por los estudios.
La investigación continúa a la espera de los análisis de agua y lixiviados, considerados fundamentales para establecer si los contaminantes detectados en el tiradero ubicado junto al Cementerio Siglo XXI llegaron al subsuelo o a cuerpos de agua. Previamente, las autoridades habían informado que solicitarían estudios hídricos y dictámenes especializados ante la presencia de materiales potencialmente peligrosos.
