El incumplimiento del amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, a comunidades mayas de Hopelchén podría tener consecuencias penales para los involucrados, con hasta 10 años de prisión, advirtió Alexandro Brown Gantus, titular de la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas.
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El funcionario estatal explicó que la resolución del máximo tribunal establece obligaciones para distintas autoridades frente a los indicios de plaguicidas, entre ellos glifosato, en el agua de la región.
Entre las instancias señaladas se encuentran la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa; la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, Semabicce, y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica.
Brown Gantus señaló que la Vicefiscalía puede participar como instancia de acompañamiento para contribuir al cumplimiento de las disposiciones establecidas por la SCJN.
Precisó que, hasta el momento, la dependencia a su cargo no ha recibido una notificación oficial sobre la resolución y que la información conocida provino de publicaciones en redes sociales.
Ante esta situación, indicó que ya se solicitó a la Consejería Jurídica información oficial sobre los alcances del amparo y las obligaciones específicas que corresponden a cada autoridad.
El objetivo es conocer de manera formal el contenido de la resolución y establecer las acciones que podrían realizarse desde el ámbito estatal.
El titular de la Vicefiscalía consideró relevante la resolución debido a que contempla un esquema de monitoreo permanente de las condiciones del agua en Hopelchén.
Este punto, explicó, abre un espacio de participación para la dependencia especializada, sobre todo en las acciones destinadas a verificar y salvaguardar el cumplimiento de un amparo federal.
La resolución corresponde al Amparo en Revisión 283/2025, mediante el cual la SCJN concedió protección a comunidades mayas de Hopelchén ante indicios sobre la presencia de plaguicidas en el agua de la región.
El Pleno estableció que la incertidumbre científica no constituye una razón para retrasar medidas de protección ante posibles riesgos ambientales.
El máximo tribunal también ordenó que las pruebas sean valoradas desde una perspectiva intercultural y que las comunidades indígenas no enfrenten una carga probatoria indebida para demostrar los posibles daños ambientales.
La resolución contempla, además, estudios, monitoreo permanente y acciones de control sobre la calidad del agua y el uso de plaguicidas.
JGH
