El conflicto legal que enfrentan menonitas por 500 hectáreas de tierras en los predios El Progreso y parte de El Porvenir, en el municipio de Hopelchén, dio un nuevo giro al revelarse que un presidente municipal otorgó a la familia Huitz un documento de posesión, incurriendo en usurpación de funciones al tratarse de terrenos nacionales.
Según el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, encabezado por Eraclio Rodríguez Gómez, también estarían involucrados servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) y de la Fiscalía General del Estado (Fgecam), por lo que se presentará una denuncia por “fraude procesal”.
Vídeo Destacado
Diez internos escapan de centro de rehabilitación en Campeche
Durante la audiencia en la Sala de Juicios Orales, que fue suspendida por falta de intérprete para el menonita acusado Johan Neufeld, surgieron cuestionamientos sobre la competencia de la jueza para conocer un litigio relacionado con terrenos nacionales.
Rodríguez Gómez recordó que la Constitución y la legislación agraria establecen que sólo las autoridades y tribunales federales pueden resolver controversias sobre bienes nacionales, y que únicamente la Presidencia de la República tiene facultades para desincorporar terrenos nacionales y transmitirlos a particulares.
La defensa de la familia Huitz reconoció la existencia de un documento de posesión expedido por un presidente municipal y una secretaria del Ayuntamiento, lo que fue calificado como usurpación de funciones, pues ninguna autoridad municipal tiene atribuciones para otorgar derechos sobre terrenos nacionales.
El dirigente afirmó que dicho documento carece de validez jurídica y su uso en el proceso configuraría un fraude procesal. La denuncia incluiría al alcalde que firmó el documento y al abogado que lo presentó como prueba, además de revisar la actuación de funcionarios de la SDA y la Fiscalía.
Finalmente, insistió en que el conflicto por las 500 hectáreas debe ser resuelto por instancias federales, mientras que los tribunales locales sí tendrían competencia para investigar y sancionar las posibles conductas de fraude procesal.
