En las próximas semanas integrantes del Poder Legislativo del Estado deberán analizar y votar una propuesta para establecer un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos ante posibles amenazas o situaciones de riesgo, la cual plantea medidas preventivas, precautorias y de protección para quienes requieran apoyo.
Lo anterior fue confirmado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Adrián Serrano Barrientos, quien explicó que la iniciativa pretende que cualquier periodista o defensor de derechos humanos pueda solicitar protección cuando considere que existe una situación que ponga en peligro su integridad o la de algún familiar.
Noticia Destacada
Se dispara el precio de la cebolla en Champotón: pasa de 20 a 35 pesos el kilo
La propuesta incluye la creación de un comité interinstitucional que tendrá la responsabilidad de revisar cada solicitud y determinar si existen condiciones para aplicar alguna medida de protección personal.
Entre las instituciones consideradas están la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, el Congreso del Estado y el Poder Judicial. La idea es que estas instancias puedan analizar los casos y tomar una decisión sobre las medidas correspondientes cuando exista riesgo para alguna persona.
La solicitud de protección podría presentarse cuando una persona considere que su seguridad está en peligro, y el comité tendría que revisar las circunstancias y, si determina que existe una situación que lo amerita, establecer las medidas preventivas o de protección.
El Congreso del Estado deberá revisar la propuesta y continuar con el proceso legislativo, que pasará por comisiones para su análisis y dictaminación, antes de llegar al Pleno para su discusión y eventual aprobación.
La iniciativa busca que el periodismo y la defensa de los derechos humanos cuenten con un mecanismo específico ante posibles amenazas, no solo como reacción ante una agresión, sino también como prevención.
Otro de los puntos relevantes será la participación de periodistas dentro del consejo consultivo, con lo cual se pretende que las decisiones de protección no queden únicamente en manos de las autoridades, sino que exista la participación de personas con conocimiento directo de la actividad periodística y de la defensa de los derechos humanos.
