La prohibición del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, principalmente durante las clases y el recreo, no constituye por sí misma una violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, sino que representa una medida de protección reforzada hacia las infancias, manifestó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía.
La ombudsperson campechana explicó que el verdadero reto no está en la prohibición como tal, sino en la manera en que la Secretaría de Educación (Seduc) Estatal diseñe y aplique los mecanismos, protocolos y procedimientos para hacerla efectiva, por lo que el organismo permanecerá atenta para evitar que, durante su implementación, se vulnere algún derecho.
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“En el qué creo que no hay duda, el tema de las infancias son grupos de atención que requieren una protección reforzada”, señaló Rodríguez Mejía, al considerar que las autoridades están facultadas para adoptar acciones
frente a elementos que puedan representar un riesgo o afectar el derecho a la educación.
Precisó que actualmente se encuentran en desarrollo los mecanismos y protocolos para aterrizar la disposición en las Entidades Federativas, por lo que será necesario revisar cómo se establecen las reglas, las excepciones y las capacidades institucionales para su cumplimiento dentro de los planteles.
La presidenta de la Codhecam destacó que la educación es un derecho constitucional y cuenta con un marco general de aplicación nacional, por lo que los Estados deberán homologar sus disposiciones conforme a la normativa federal. En ese proceso, afi rmó, el organismo estará disponible para brindar asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a las autoridades educativas que lo requieran.
Rodríguez Mejía subrayó que la vigilancia será especialmente importante durante la puesta en marcha de la medida, pues será en los procedimientos cotidianos donde podrían surgir situaciones que requieran atención desde la
perspectiva de derechos humanos. Respecto a la posibilidad de que la restricción afecte a adolescentes, particularmente aquellos que cursan Educación Media Superior y algunos que ya son mayores de edad, aclaró que, conforme a lo anunciado por las autoridades federales, la disposición obligatoria contempla a los niveles de primaria y secundaria, mientras que en bachillerato su aplicación quedaría a consideración de las propias instituciones educativas.
Por ello, insistió en que la Codhecam estará pendiente de la elaboración de los protocolos y de su ejecución, con el propósito de que
la regulación del uso de celulares y demás equipos electrónicos cumpla con su objetivo de protección sin generar afectaciones indebidas.
“La prohibición per se no es una violación de derechos humanos, es un acto de protección reforzada con las infancias”, sentenció.
