Tras más de siete años de servicio en los Programas para el Bienestar, Blanca Sánchez de la Cruz, ex trabajadora del Centro Integrador en Campeche, denunció públicamente un despido injustificado y sin previo aviso. Según relata, fue reemplazada por personas cercanas a los nuevos encargados políticos, sin trayectoria ni experiencia.
Con pancarta en mano y entre lágrimas, Blanca explicó que fue parte del equipo de las llamadas "Servidoras de la Nación", desempeñando labores de censo, organización de apoyos y atención a beneficiarios, incluso fuera del horario laboral, y sin haber recibido nunca una base laboral.
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Lo más grave de su caso, asegura, es que tiene una hija menor con una enfermedad neurológica crónica que requiere atención médica constante, medicamentos controlados como topiramato y carbamazepina, así como estudios especializados. “Me quedé sin empleo y sin servicio médico. Ahora no puedo pagar ni sus medicinas”, lamentó
Blanca detalló que fue transferida arbitrariamente a zonas alejadas, como Ciudad del Carmen, a pesar de que su hija no puede quedarse sola. Para ella, fue un intento de presionarla a renunciar.
La ex trabajadora también reveló que durante todos sus años de servicio firmaba contratos trimestrales, lo que evitó que generara antigüedad o algún tipo de protección laboral. “Era invisible en el sistema, pero fundamental en la operación. Ahora me desechan”, denunció.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales y estatales a revisar no solo su situación, sino la de decenas de trabajadores removidos sin explicación. “No robé, no cometí corrupción. Trabajé con honestidad por mi familia. Hoy solo pido ayuda y justicia”, concluyó.
