Durante mucho tiempo la justicia se percibía tardía frente a la gravedad de las denuncias por el presunto desvío de millones de pesos en contra de funcionarios de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), por lo que es importante que sean las autoridades competentes quienes realicen las investigaciones correspondientes y esclarezcan plenamente lo ocurrido. Los procesos deben llevarse a cabo con apego a la ley y sin distinciones, “caiga quien caiga”, para garantizar que se conozca el destino y se recuperen los recursos presuntamente desviados, afirmó la jubilada Ebhling Josefina Flores Martínez.
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Luego de que una Juez de Control determinara dejar en prisión preventiva justificada al ex rector de la UNACAR, José Antonio Ruz Hernández, y al actual coordinador de Vinculación Universitaria, Jorge García Ocaña, al vincularlos a proceso a petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que los acusa de haber participado en un presunto desfalco por 96 millones de pesos, recursos que pertenecían al patrimonio de la institución educativa, las reacciones de la comunidad universitaria se fortalecen.
La jubilada sindicalizada consideró positivo que las autoridades finalmente estén actuando en este caso. Expresó que es importante que sean las autoridades competentes quienes realicen las investigaciones y esclarezcan lo ocurrido, porque esta no sería la primera vez que se dice que en esta institución educativa se ha lucrado y beneficiado a personas, sin que exista castigo para los responsables.
Señaló que uno de los sectores más afectados por estas irregularidades ha sido el de los jubilados, quienes enfrentan una situación crítica debido a la falta de recursos en el fideicomiso destinado al pago de pensiones, fondo al que muchos trabajadores aportaron durante años y que actualmente no cuenta con suficiencia financiera.
Para la jubilada, el daño a la universidad no solo fue económico, sino también institucional y moral, ya que se trata de una casa de estudios que debería regirse por principios de honestidad, ética y responsabilidad, al ser un espacio dedicado a la formación de jóvenes y futuros profesionistas. Desafortunadamente, dijo, esto ha sido solo la pantalla, ya que en el fondo se cometen actos ilegales que dañan a terceros.
Flores Martínez lamentó que quienes en su momento recibieron la confianza para dirigir la universidad, como es el caso de Ruz Hernández, hayan defraudado a la comunidad universitaria, pues lejos de dar el ejemplo, él y otros incurrieron en prácticas que contradicen los valores que una institución educativa debe promover.
Afirmó que muchos de los exfuncionarios señalados llegaron a la universidad impulsados por intereses ajenos a la institución y sin verdadero compromiso con la alma máter, actuando, dijo, como “saqueadores” que terminaron afectando gravemente el patrimonio universitario.
La jubilada consideró fundamental que las investigaciones en curso no solo deriven en sanciones administrativas o penales, sino que también sienten un precedente para quienes actualmente ocupan cargos o pretendan hacerlo en el futuro, a fin de evitar que este tipo de prácticas se repitan.
Aunque suene difícil señalarlo, no debe existir compasión ni justificación para quienes, independientemente de haber sido compañeros o conocidos dentro de la universidad, incurrieron en actos indebidos, ya que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos, dijo.
Asimismo, expresó su deseo de que al término de las investigaciones se logre esclarecer completamente el destino de los recursos y que, a través de indemnizaciones, decomiso o venta de bienes adquiridos de manera irregular, se pueda recuperar parte del dinero para devolverlo a la universidad.
Destacó que estos recursos son especialmente necesarios para atender la problemática de los jubilados, muchos de los cuales realizaron aportaciones durante su vida laboral y hasta ahora no han podido recuperar lo que por derecho les corresponde.
Finalmente, manifestó su esperanza de que se haga justicia integral, que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes y que, en la medida de lo posible, se logre una recuperación económica que contribuya a mejorar la situación financiera de la Universidad Autónoma del Carmen y de los sectores más afectados.
