Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que existen motivos razonables para considerar que bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad, como parte de una política de represión contra opositores y sectores críticos.
La investigación, que abarca hechos registrados desde abril de 2018, documenta denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y retiro de la nacionalidad a personas consideradas contrarias al gobierno.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, sostuvo que el país enfrenta un sistema político orientado a mantener a la actual pareja gobernante en el poder.
Los investigadores señalaron que las restricciones a las libertades civiles se han extendido a los medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanos nicaragüenses que viven en el extranjero.
¿Qué denunció la ONU sobre el gobierno de Daniel Ortega?
El grupo de expertos señaló que las autoridades nicaragüenses han desarrollado mecanismos de control político mediante instituciones de seguridad, justicia y administración pública.
Reed Brody, integrante del equipo investigador, afirmó que el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional mantiene el control de la Policía, los tribunales y el sistema penitenciario.
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También advirtió que la reforma constitucional adoptada en 2025 concentró mayores facultades en Ortega y Murillo, quienes ocupan las copresidencias del país, y redujo la independencia de los poderes Legislativo y Judicial.
Los especialistas relacionaron estas medidas con la crisis política iniciada en 2018, cuando la represión de las protestas antigubernamentales dejó cientos de personas fallecidas.
Más de 5 mil organizaciones cerradas y 452 personas sin nacionalidad
Los investigadores denunciaron que más de 5 mil organizaciones civiles han sido cerradas en Nicaragua desde 2018, entre ellas numerosas instituciones vinculadas con actividades religiosas.
Además, señalaron que al menos 452 nicaragüenses identificados como opositores fueron privados de su nacionalidad desde febrero de 2023, después de ser declarados traidores a la patria.
Entre los afectados figuran antiguos dirigentes sandinistas, un exvicepresidente y candidatos de las elecciones presidenciales de 2021.
El grupo también alertó sobre una presunta red de vigilancia transnacional destinada a intimidar y hostigar a ciudadanos nicaragüenses que permanecen fuera del país.
Gobierno de Nicaragua rechaza acusaciones de Naciones Unidas
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo rechazó los señalamientos del grupo investigador y cuestionó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organismo con el que suspendió su cooperación.
Las autoridades nicaragüenses acusaron al organismo internacional de actuar con parcialidad y sostuvieron que las denuncias forman parte de presiones políticas impulsadas por potencias extranjeras.
Pese a esta postura, los expertos mantienen que existen elementos suficientes para investigar posibles crímenes de lesa humanidad, aunque sus conclusiones no constituyen una sentencia judicial.
¿Qué medidas pide la ONU contra Nicaragua?
El grupo de expertos instó a otros países a evaluar la presentación de una demanda contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones de las obligaciones internacionales relacionadas con la apatridia.
Esta instancia resuelve controversias jurídicas entre Estados y es distinta de la Corte Penal Internacional (CPI), encargada de juzgar la responsabilidad penal de personas por determinados crímenes internacionales.
Nicaragua no forma parte del Estatuto de Roma, tratado que estableció la CPI, una circunstancia relevante para determinar las posibles vías de actuación judicial.
El informe de los expertos plantea que la persecución política en Nicaragua ha trascendido las fronteras del país, con consecuencias para opositores, periodistas, activistas y ciudadanos privados de su nacionalidad.
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