La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la detención de ocho personas por su presunta participación en los destrozos al Palacio de Gobierno, ubicado en Morelia, luego de una manifestación en protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
En un comunicado emitido la noche del 2 de noviembre, la fiscalía estatal indicó que se ha abierto una carpeta de investigación por los daños causados en al menos 16 áreas del recinto, incluida la puerta principal, tras la irrupción de un grupo de manifestantes al inmueble.
Detenidos y situación legal
Los detenidos, identificados como Mario Emmanuel “N”, Raúl “N”, Juan Carlos “N”, Pedro Rodrigo “N”, Mauricio “N”, Nidia Georgina “N”, Kitzia Jahari “N” y Alma “N”, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Su situación jurídica será definida en el plazo establecido por la ley.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado colaboró en la detención, luego de que un grupo de manifestantes ingresara por la fuerza a la sede del Poder Ejecutivo, destruyendo mobiliario, rompiendo cristales y realizando pintas en paredes.
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Protestas por el homicidio de Carlos Manzo
Los disturbios ocurrieron durante una marcha de al menos 500 personas por el centro de Morelia, en la que se exigió justicia y mayor seguridad en Michoacán, particularmente en Uruapan, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre.
La protesta derivó en enfrentamientos con elementos de la Guardia Civil, quienes utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a los inconformes.
El Palacio de Gobierno fue posteriormente resguardado por fuerzas estatales para evitar nuevos incidentes.
Antecedente de tensión
El asesinato del alcalde ha elevado la tensión en la entidad, en medio de una creciente crisis de violencia que afecta a varias regiones de Michoacán. La sociedad civil exige que se investigue a fondo el crimen de Manzo y se refuercen las medidas de seguridad en todo el estado.
Además, se difundieron imágenes en redes sociales que muestran momentos en los que autoridades impedían la labor de periodistas durante la intervención policial en Palacio de Gobierno, lo que también ha sido motivo de preocupación por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
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