Durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, presentó un informe detallado sobre la situación fiscal de empresas vinculadas a Grupo Salinas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera de manera definitiva los litigios en curso.
El funcionario explicó que los adeudos tienen su origen en resoluciones administrativas emitidas por el SAT entre 2013 y 2018, relacionadas con el Impuesto Sobre la Renta correspondiente a ejercicios fiscales de 2008 a 2013.
De acuerdo con la autoridad, las empresas utilizaron pérdidas fiscales consideradas improcedentes, lo que derivó en créditos fiscales que fueron impugnados en distintas instancias judiciales.
Resoluciones judiciales confirman la procedencia de los adeudos
Martínez Dagnino detalló que, tras las impugnaciones iniciales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó entre 2019 y 2023 la validez de los adeudos determinados por el SAT.
Posteriormente, los contribuyentes acudieron al Poder Judicial de la Federación, donde tribunales colegiados negaron los amparos solicitados en resoluciones emitidas en 2024 y 2025.
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Como última instancia, las empresas llevaron el caso ante la Suprema Corte, la cual desechó las impugnaciones y dejó firmes las resoluciones previas. Con ello, los adeudos quedaron confirmados de manera definitiva y la autoridad fiscal quedó obligada a continuar con el procedimiento de cobro.
SAT notificará el cobro en enero y prevé opciones de pago
El titular del SAT informó que en enero de 2026 se notificará formalmente el requerimiento de pago por un monto aproximado de 51 mil millones de pesos.
Conforme al Código Fiscal de la Federación, una vez notificados, los contribuyentes podrán realizar el pago de forma voluntaria o solicitar esquemas de regularización que podrían incluir reducciones de hasta 39 por ciento, siempre que se ajusten a la ley y a las sentencias judiciales.
Martínez Dagnino subrayó que el pago de impuestos es una obligación constitucional, conforme al artículo 31, fracción IV, y llamó a las empresas involucradas a cumplir con sus responsabilidades fiscales de manera proporcional y equitativa.
Sheinbaum subraya que se trata de un proceso legal
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el gobierno federal actuará estrictamente conforme a la ley y a las resoluciones judiciales.
Señaló que las empresas tienen derecho a solicitar los beneficios fiscales que la legislación permite, pero dejó claro que el objetivo es que los adeudos sean cubiertos.
La mandataria adelantó que la Secretaría de Hacienda y el SAT continuarán informando sobre el desarrollo del caso, al tratarse de un asunto jurídico y administrativo de interés público.
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