
El clima de violencia contra autoridades municipales volvió a sacudir a Guerrero. En la madrugada del lunes, el presidente municipal de Metlatónoc, Isaías Rojas Ramírez, perdió la vida mientras recibía atención médica por las heridas de bala que sufrió la semana previa.
La confirmación llegó a través de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien lamentó el deceso en su cuenta oficial de X y reiteró el llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para esclarecer los hechos “a la brevedad y sin impunidad”.
Rojas fue atacado el pasado 28 de mayo cuando transitaba por la carretera Tlapa—Metlatónoc, uno de los tramos más inseguros de la región Montaña. Sicarios dispararon contra su vehículo y lo hirieron de gravedad; desde entonces permanecía internado en un hospital de Chilpancingo.
El incidente se produjo en medio de una ola de asesinatos contra ediles y aspirantes políticos que, de acuerdo con el Laboratorio Electoral, ya suma al menos cuatro alcaldes caídos en Guerrero desde 2024.
En su mensaje, Salgado Pineda aseguró que instruyó de inmediato a las áreas de Salud, Gobernación y Seguridad para brindar “todo el apoyo necesario” al edil y a su familia.
Además, expresó su “solidaridad con el pueblo de Metlatónoc”, municipio de alta marginación habitado mayoritariamente por comunidades mixtecas y tlapanecas.
La FGE abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y desplazó peritos a la zona para recolectar casquillos, revisar cámaras de vigilancia y tomar declaraciones.
Fuentes del órgano investigador admiten que la principal línea de indagación apunta a grupos criminales que disputan rutas de trasiego entre la Montaña y la Costa Chica.
Con este nuevo atentado, organizaciones civiles reclaman medidas de protección urgentes para los más de 80 alcaldes guerrerenses que gobiernan territorios atravesados por conflictos armados y criminalidad organizada.
Mientras tanto, el cabildo de Metlatónoc deberá nombrar a un alcalde interino y decretó tres días de luto oficial en honor a Isaías Rojas Ramírez, cuyo asesinato vuelve a evidenciar la fragilidad institucional en una de las entidades más violentas del país.
IO