La diputada federal suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.
La legisladora, quien ingresó el recurso en calidad de ciudadana tras dejar su curul la semana pasada, demanda la destitución e inhabilitación hasta por 20 años por presunto encubrimiento y beneficio a redes criminales operantes en Tabasco cuando él fue gobernador, en específico a “La Barredora”, supuestamente encabezada por Hernán Bermúdez, hoy bajo custodia federal.
Los señalamientos y las pruebas referidas
Pérez-Jaén sostiene que, como superior jerárquico del entonces secretario de Seguridad tabasqueño, López Hernández “tenía conocimiento” de actividades ilícitas y no las reportó.
Menciona posibles delitos de tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento. De acuerdo con su exposición, la demanda se sustenta en 30 informes oficiales difundidos por Guacamaya Leaks, que —afirma— daban cuenta de la operación del grupo delictivo y del conocimiento que tendrían autoridades federales y estatales, incluido el entonces director del CNI, Audomaro Martínez.
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Contexto político y ruta del proceso
La también excomisionada de transparencia en el entonces DF adelantó que ratificará su demanda el jueves.
De admitirse, la solicitud deberá canalizarse a comisiones para análisis de procedencia y, en su caso, a un juicio político en San Lázaro.
Adán Augusto no ha emitido hasta el momento, un posicionamiento público sobre los señalamientos. Cabe recordar que toda persona señalada goza de presunción de inocencia hasta que exista resolución firme.
Qué está en juego
El caso agrega presión política al Senado y a Morena, y reaviva el debate sobre responsabilidades de mando frente a redes delictivas locales.
Jurídicamente, el reto será acreditar los elementos de encubrimiento y vínculo causal entre los informes citados y decisiones u omisiones específicas del entonces gobernador.
IO
