El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la extinción de 109 fideicomisos federales, ordenada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no vulneró a las entidades federativas ni invadió sus competencias, por lo que se mantiene dentro del marco constitucional.
La resolución se dio este lunes 12 de enero, cuando las y los ministros analizaron las controversias constitucionales promovidas desde 2020 por diversos gobernadores de oposición, quienes argumentaban que la desaparición de estos instrumentos financieros afectó directamente a los estados y rompió el equilibrio federal al concentrar recursos en manos de la Federación.
La Corte descarta invasión de competencias estatales
Durante la discusión, el Pleno concluyó que los fideicomisos extinguidos no formaban parte del patrimonio de las entidades federativas, sino que eran mecanismos de administración de recursos federales, por lo que su eliminación no implicó una afectación directa a los gobiernos estatales ni una intromisión indebida del Congreso de la Unión.
El proyecto fue elaborado por el ministro Arístides Guerrero, quien subrayó que estas controversias permanecieron sin resolverse durante casi cuatro años por la anterior integración del máximo tribunal.
El ministro calificó esa omisión como un acto “muy irresponsable”, al tratarse de asuntos de alta relevancia para el diseño institucional y presupuestal del país.
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Estados que promovieron las controversias
Por unanimidad, la Suprema Corte decidió desechar las controversias constitucionales promovidas por los gobiernos de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán, al considerar infundados sus argumentos jurídicos.
Los ministros coincidieron en que la decisión de extinguir los fideicomisos se tomó dentro de las facultades del Congreso y del Ejecutivo federal, y que los estados no lograron acreditar un daño concreto ni una violación al pacto federal.
Aún hay un recurso pendiente en la SCJN
Aunque esta resolución representa un revés para los gobiernos estatales que impugnaron la medida, el tema no está completamente cerrado.
La Corte aún tiene pendiente resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de la oposición, también en contra de la extinción de los fideicomisos federales.
Dicho proyecto, igualmente a cargo del ministro Arístides Guerrero, será clave para definir si existen otros posibles ángulos de inconstitucionalidad, ahora desde el ámbito legislativo y no desde las entidades federativas.
La decisión del Pleno refuerza la postura de que la política de reordenamiento de recursos públicos impulsada en el sexenio pasado no vulneró el federalismo, y marca un precedente relevante sobre el alcance del control constitucional en materia presupuestal, un tema que sigue siendo central en el debate político nacional y de interés para la agenda de Discover y el posicionamiento en Google.
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