Una de las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, presentó este lunes una querella formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lesiones, además de una denuncia por abuso de autoridad en contra de los contratistas responsables del proyecto ferroviario.
El accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas y decenas de lesionados, algunos de ellos con heridas de gravedad.
La denuncia busca evitar que el caso quede en el olvido
La acción legal fue interpuesta por la defensa de Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y su hijo Alexis Iglesias Temích, quienes resultaron lesionados en el siniestro.
Aunque los integrantes de la familia no acudieron físicamente a la FGR, su abogado, Adrián Arellano, explicó que la querella tiene como objetivo coadyuvar activamente con la investigación y aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.
El representante legal subrayó que la familia decidió emprender acciones legales porque no quiere que el caso “se diluya con el paso del tiempo”, pese a la atención mediática inicial. “Hoy es un tema visible, pero en unos meses puede quedar archivado sin que se determine qué ocurrió realmente”, advirtió.
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Señalamientos contra funcionarios y contratistas
En comunicación telefónica, Juan Manuel Iglesias sostuvo que la denuncia también apunta contra funcionarios que, presuntamente, omitieron su responsabilidad y permitieron prácticas de corrupción.
Señaló que el resultado de esas omisiones es que varias víctimas continúan hospitalizadas, enfrentando carencias de insumos médicos y falta de sensibilidad en la atención.
Iglesias detalló que su hijo sufrió una herida craneal que requirió 18 puntos de sutura, además de una lesión en el brazo que ameritó cirugía. Él presenta una lesión de segundo grado en el tobillo, mientras que su esposa padece una afectación cervical de primer grado. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó.
Empresas involucradas y antecedentes de irregularidades
La defensa señaló que, en esta primera etapa, la denuncia incluye a las principales empresas contratistas del proyecto: Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools. Arellano recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado irregularidades en el Tren Interoceánico desde 2019 hasta febrero de 2025, lo que refuerza la necesidad de una investigación exhaustiva.
El caso abre un nuevo frente legal en torno a uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país y vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad de contratistas y autoridades frente a tragedias que involucran vidas humanas.
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