La Secretaría de Energía (Sener) planteó que México cierre el actual sexenio con una mayor participación del Estado en la generación de electricidad. Su titular, Luz Elena González Escobar, señaló que las inversiones previstas permitirían que al menos 60 por ciento de la generación eléctrica quede en manos públicas.
La funcionaria explicó que esta meta forma parte de la estrategia impulsada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reducir la dependencia de otros participantes en el sector.
González recordó que entre 2000 y 2020 la participación estatal en la generación eléctrica disminuyó hasta ubicarse en alrededor de 40 por ciento, mientras aumentó la presencia de empresas privadas.
CFE busca recuperar participación en el sector eléctrico
De acuerdo con la titular de Energía, el fortalecimiento de la CFE pretende recuperar el papel del Estado en un sector considerado estratégico para el país.
La funcionaria sostuvo que una mayor capacidad pública de generación permitiría reducir vulnerabilidades y avanzar hacia una mayor independencia energética, además de contribuir a garantizar el suministro eléctrico para la población.
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El planteamiento también contempla que la electricidad pueda llegar a hogares y actividades productivas con condiciones de abasto y precios accesibles.
Inversiones buscan garantizar el suministro eléctrico
González destacó que las inversiones en infraestructura eléctrica serán determinantes para ampliar la capacidad de generación y fortalecer el sistema nacional.
La estrategia del gobierno federal busca que la CFE aproveche los recursos energéticos del país y mantenga una participación relevante en la generación, con el argumento de que esto permitirá atender el crecimiento de la demanda y reforzar la seguridad energética.
Con esta política, la administración de Sheinbaum pretende que el sector público tenga una participación mayoritaria en la generación eléctrica al finalizar el sexenio, con una meta de 60 por ciento, por encima del porcentaje mínimo previamente planteado por el gobierno.
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