La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer una serie de sanciones contra servidores públicos y particulares por faltas administrativas detectadas en distintas dependencias federales.
Entre los casos destaca el de Martín Borrego Llorente, exfuncionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien recibió una inhabilitación de un año por utilizar el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (MUNAL) para realizar un evento de carácter personal, pese a que solicitó autorización para organizar una actividad oficial.
El caso generó polémica luego de que se diera a conocer que el inmueble cultural fue utilizado para celebrar su boda, situación que provocó cuestionamientos sobre el uso de espacios públicos para fines particulares.
De acuerdo con la dependencia, la investigación determinó que Borrego Llorente aprovechó su cargo para gestionar el permiso bajo una justificación distinta al propósito real del encuentro.
¿Por qué sancionaron a Martín Borrego Llorente por el caso del MUNAL?
En el informe, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalló que Martín B., adscrito a la Secretaría de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México, incurrió en una falta administrativa durante 2024.
La resolución establece que solicitó autorización para realizar un evento de carácter oficial en el Salón de Recepciones del MUNAL, pero finalmente utilizó las instalaciones para una celebración personal.
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Por estos hechos, la autoridad determinó imponerle una inhabilitación de un año para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
El caso cobró notoriedad pública debido a que el uso del museo para la celebración de su boda desató críticas sobre la utilización de instalaciones culturales pertenecientes al patrimonio público.
¿Qué otros funcionarios fueron sancionados por el Gobierno federal?
El reporte de la Secretaría Anticorrupción incluye resoluciones contra trabajadores de instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Banco del Bienestar, la Guardia Nacional y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Entre las sanciones por faltas graves destacan inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas millonarias.
En la CFE, por ejemplo, se impuso una sanción económica de 119 millones de pesos e inhabilitación por una década a un exservidor público que omitió responder cuatro demandas laborales, lo que provocó condenas económicas contra la institución.
En Pemex también se reportaron sanciones contra trabajadores que continuaron recibiendo apoyos para gasolina después de vender los vehículos registrados para obtener esa prestación.
Por otra parte, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), nueve personas recibieron una inhabilitación de 10 años y una sanción económica compartida de 18 millones de pesos por pagos irregulares a dos empresas.
Secretaría Anticorrupción también reporta sanciones por faltas no graves
El informe también contempla medidas disciplinarias por infracciones administrativas no graves en 16 dependencias y organismos públicos.
Entre ellas figuran suspensiones temporales, amonestaciones públicas e incluso destituciones. Los motivos incluyen conductas irrespetuosas hacia ciudadanos, incumplimiento de responsabilidades, irregularidades en el manejo de recursos y presentación de documentos presuntamente inválidos.
La dependencia señaló que las sanciones se determinaron conforme a la legislación vigente y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de las faltas.
Asimismo, recordó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y que la Secretaría defenderá las determinaciones ante las instancias correspondientes.
Finalmente, invitó a la ciudadanía a denunciar posibles actos de corrupción o conductas contrarias a los principios de legalidad e integridad mediante el portal denuncias.gob.mx.
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