El Plan B de Reforma Electoral impulsado por el gobierno federal alcanzó un nuevo avance clave. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la iniciativa ya fue aprobada por 20 congresos estatales, lo que le otorga carácter constitucional, a falta de su declaratoria formal y publicación oficial.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que el siguiente paso será el regreso del dictamen al Senado, donde se realizará la declaratoria correspondiente antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
¿Qué significa que el Plan B ya sea constitucional?
Sheinbaum señaló que la aprobación en al menos 20 legislaturas locales cumple con el requisito necesario para que la reforma sea considerada constitucional en México. Este proceso forma parte del procedimiento legislativo que deben seguir las modificaciones a la Carta Magna.
Una vez que el Senado emita la declaratoria, el decreto será enviado para su publicación oficial, con lo que entrará en vigor en todo el país.
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¿Cuáles son los principales cambios del Plan B?
La presidenta destacó seis puntos clave de la reforma, centrados principalmente en la eliminación de privilegios dentro del sistema político y electoral.
Entre los cambios mencionó la prohibición de la reelección en ciertos cargos, así como medidas contra el nepotismo. También subrayó la reducción de recursos destinados a los congresos estatales, con el objetivo de limitar gastos considerados excesivos.
Otro de los ajustes relevantes es la disminución en el número de regidores en varios municipios, así como la eliminación de pensiones elevadas para funcionarios públicos.
Además, se contempla la reducción de salarios, bonos y prestaciones, como seguros de gastos médicos, para consejeros y magistrados electorales.
¿Qué sigue tras la aprobación?
El Plan B aún debe completar su proceso formal antes de entrar en vigor. La declaratoria constitucional en el Senado y su publicación en el Diario Oficial marcarán el cierre del trámite legislativo.
Con esta reforma, el gobierno federal busca modificar aspectos clave del sistema electoral y administrativo, con un enfoque en la austeridad y la reestructuración de recursos públicos.
El avance del Plan B se perfila como uno de los cambios más relevantes en la agenda política, al impactar directamente en la operación de instituciones electorales y gobiernos locales.
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