El Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma electoral conocida como “Plan B”, una de las modificaciones constitucionales más relevantes en materia político-electoral del año.
La promulgación fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la iniciativa fuera aprobada por el Congreso de la Unión y avalada por la mayoría de los congresos estatales. La reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación.
Cambios en ayuntamientos: nuevas reglas y restricciones
Uno de los ejes principales del decreto se concentra en el artículo 115 constitucional, donde se redefine la integración de los gobiernos municipales.
A partir de esta reforma, los ayuntamientos estarán conformados por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo criterios de paridad de género e igualdad sustantiva.
Además, se establecen nuevas restricciones para competir por cargos municipales, al impedir la participación de personas con vínculos familiares recientes con quienes ocupen el cargo en funciones.
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Límites presupuestarios para congresos locales
La modificación al artículo 116 introduce reglas más estrictas en materia de gasto público. Los congresos estatales deberán ajustar su presupuesto anual a un máximo del 0.70 por ciento del total de egresos de cada entidad.
También se refuerzan criterios de paridad en la integración legislativa y se prohíbe la reelección inmediata de diputaciones locales, aunque se permite la participación de suplentes en ciertas condiciones.
Tope salarial y nuevas reglas para autoridades electorales
El decreto también impacta al Instituto Nacional Electoral (INE) y a organismos locales, al establecer que las remuneraciones de sus funcionarios no podrán superar el límite fijado en la Constitución.
Asimismo, se prohíbe el uso de recursos públicos para seguros privados, fondos especiales o beneficios adicionales fuera del marco legal.
Ajustes al presupuesto del Senado y organismos electorales
Como parte de los cambios, el Senado deberá reducir progresivamente su presupuesto en los próximos años, con una meta de disminución acumulada del 15% en términos reales.
En paralelo, tanto el INE como los organismos electorales locales deberán adecuar sus normativas y presupuestos para cumplir con las nuevas disposiciones constitucionales.
Reforma con impacto estructural
El llamado “Plan B” redefine aspectos clave del sistema electoral mexicano, al introducir cambios en la organización institucional, el manejo de recursos y las condiciones de participación política.
Con su entrada en vigor, comienza una nueva etapa en la estructura electoral del país, que impactará directamente en los procesos locales y en la operación de las autoridades encargadas de organizar elecciones.
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