La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió un posicionamiento tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de la entidad, señalando que cualquier procedimiento deberá apegarse estrictamente al marco legal mexicano.
El pronunciamiento se da luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señalara a diversos servidores públicos, incluidos perfiles de alto nivel en seguridad y gobierno, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
¿Qué dijo la Fiscalía de Sinaloa sobre las acusaciones de EU?
La institución estatal subrayó que cualquier solicitud derivada de estas acusaciones debe atender lo establecido en la Constitución mexicana, así como en la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes entre México y Estados Unidos.
Además, precisó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar si existen elementos suficientes para dar curso a solicitudes como detenciones provisionales o procesos de extradición, siempre con base en pruebas y conforme al sistema jurídico nacional.
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¿Qué funcionarios están señalados en el caso?
Entre los nombres mencionados en la acusación se encuentran, además del gobernador Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, así como exmandos de seguridad y autoridades municipales como el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Estos perfiles han sido identificados por autoridades estadounidenses como parte de una presunta red vinculada al crimen organizado, lo que ha generado una fuerte reacción en el ámbito político.
¿Qué principios legales destacó la Fiscalía estatal?
La Fiscalía de Sinaloa enfatizó que en México prevalece el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada culpable sin una resolución judicial firme.
También reiteró que cualquier actuación en materia de procuración de justicia debe conducirse bajo el debido proceso, la legalidad y el respeto a la soberanía nacional.
¿Qué sigue en el caso?
El organismo reafirmó su compromiso con el cumplimiento del marco constitucional y la objetividad en sus actuaciones, mientras el caso continúa en desarrollo.
Las autoridades mexicanas deberán analizar las solicitudes provenientes de Estados Unidos y definir los pasos a seguir, en un contexto que podría tener implicaciones tanto legales como diplomáticas para ambos países.
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