Un juez federal otorgó un amparo al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, que obliga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a desbloquear sus cuentas bancarias, al considerar que la medida aplicada en su contra no cumplió con los criterios legales ni con los lineamientos internacionales establecidos.
La resolución judicial se origina a partir de un recurso promovido por el exmandatario, quien impugnó su inclusión en la lista de personas bloqueadas desde 2019. El fallo establece que la decisión de la UIF vulneró el principio de seguridad jurídica.
¿Por qué el juez ordenó desbloquear las cuentas?
El juzgador determinó que el congelamiento de cuentas solo puede aplicarse como una medida cautelar vinculada a compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, y no en casos donde el origen de la investigación sea exclusivamente nacional.
En este sentido, la resolución señala que, al no existir un procedimiento administrativo o judicial específico que justificara la medida en el ámbito internacional, el bloqueo resultó improcedente.
El juez retomó criterios previamente establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales delimitan el alcance de las facultades de la UIF en este tipo de acciones.
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UIF puede impugnar la resolución
Aunque el fallo ordena el desbloqueo de las cuentas de Yarrington, también aclara que la UIF mantiene la posibilidad de emitir nuevas resoluciones debidamente fundamentadas, así como de continuar con las investigaciones correspondientes.
Además, la dependencia puede impugnar la sentencia ante un Tribunal Colegiado, lo que abriría la puerta a una revisión del caso en una instancia superior.
Alcances del fallo y contexto del caso
El juez puntualizó que la resolución no modifica la situación jurídica de otras personas incluidas en la lista de bloqueados del sistema financiero, por lo que su efecto es exclusivo para el caso del exgobernador.
El caso de Tomás Yarrington ha sido uno de los más relevantes en materia de combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que esta decisión judicial reabre el debate sobre los alcances legales de las acciones de la UIF y los límites en el congelamiento de cuentas en México.
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