La Fiscalía General de la República (FGR) fijó postura sobre la solicitud enviada por el Gobierno de Estados Unidos para detener de manera provisional, con fines de extradición, a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázares.
Durante una conferencia de prensa, Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que el proceso se encuentra en una etapa inicial y no constituye aún un procedimiento formal de extradición.
¿Qué solicitud envió Estados Unidos a México?
La petición fue remitida por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y posteriormente turnada a la FGR para su análisis conforme al marco jurídico mexicano.
El funcionario aclaró que se trata únicamente de una solicitud de medida cautelar, es decir, una detención provisional que permitiría asegurar a las personas señaladas mientras se formaliza un eventual proceso de extradición.
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¿Por qué la FGR no ha autorizado detenciones?
La Fiscalía detalló que, tras una primera revisión, no se encontraron elementos suficientes que justifiquen la urgencia de aplicar dicha medida.
Entre las principales observaciones, se señaló que la solicitud carece de fundamentos, pruebas y argumentos que acrediten la necesidad inmediata de detener a los implicados, lo cual es un requisito indispensable conforme al tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos.
Además, se enfatizó que este tipo de acciones implican una restricción a los derechos humanos, por lo que deben estar plenamente sustentadas en evidencia sólida.
¿Qué hará ahora la Fiscalía General de la República?
Ante este escenario, la FGR solicitará a través de la Cancillería información adicional a las autoridades estadounidenses, incluyendo pruebas, documentos y elementos que permitan evaluar de manera completa el caso.
El objetivo es contar con información suficiente para determinar si procede o no cualquier medida conforme a la legislación nacional y los acuerdos internacionales vigentes.
Defensa del debido proceso y la soberanía
La Fiscalía también advirtió que la difusión pública de este tipo de solicitudes puede afectar el debido proceso, al tratarse de procedimientos que, por su naturaleza, deben manejarse con confidencialidad.
Finalmente, la institución reiteró que todas sus decisiones se regirán por la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados aplicables, subrayando su compromiso con la legalidad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional.
El caso se mantiene en análisis, mientras continúa la atención pública sobre las implicaciones políticas y legales de las acusaciones provenientes de Estados Unidos.
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