Más de 40 organizaciones civiles, colectivas feministas, personas defensoras de derechos humanos y especialistas exigieron al Gobierno de Yucatán transparentar los protocolos de atención que aplica Casa Otoch a niñas y adolescentes embarazadas que permanecen bajo resguardo de la institución, al considerar que la información difundida recientemente por las autoridades omite derechos fundamentales de las víctimas de violencia sexual y presenta una interpretación equivocada del marco jurídico vigent
El pronunciamiento surgió luego de las declaraciones del director de Casa Otoch, Walter Eduardo Mena González, quien informó que actualmente siete adolescentes embarazadas o que recientemente dieron a luz permanecen en el área denominada Binomios.
Noticia Destacada
Publicidad engañosa y malas prácticas inmobiliarias tendrán nuevas sanciones en Yucatán
Obligación a ofrecer protección integral
Para las organizaciones firmantes, el embarazo de una menor no debe verse como un dato estadístico o administrativo, sino como una posible consecuencia de un delito que obliga a las autoridades a actuar con perspectiva de derechos humanos y protección integral.
Las promoventes expresaron especial preocupación por el caso de una adolescente con aproximadamente 12 semanas de gestación, al señalar que, aunque ese plazo coincide con el límite establecido en el Código Penal de Yucatán para la interrupción voluntaria del embarazo, cuando éste es resultado de una violación sexual la Norma Oficial Mexicana NOM-046 permite acceder a la interrupción legal sin importar el tiempo de gestación, siempre que así lo solicite la víctima.
Asimismo, recordaron que toda relación sexual con una persona menor de 15 años constituye un indicio de un delito perseguible de oficio, ya que legalmente no puede otorgar consentimiento.
Noticia Destacada
Calentamiento global favorece la propagación del gusano barrenador en la Península de Yucatán
En ese sentido, reprocharon que las autoridades hayan centrado su discurso en el seguimiento prenatal y la maternidad, sin informar si las adolescentes reciben orientación completa sobre todas las alternativas que les reconoce la legislación mexicana.
Piden respeto a la autonomía de las víctimas
El posicionamiento subraya que la Constitución, la Ley General de Víctimas, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la NOM-046 obligan a las instituciones públicas a brindar información integral, atención médica oportuna y garantizar el respeto a la autonomía reproductiva de las víctimas.
Las organizaciones señalaron que la decisión de continuar o interrumpir un embarazo corresponde exclusivamente a la adolescente, por lo que consideraron incorrecto que esa determinación recaiga en una autoridad administrativa.
Entre las demandas planteadas destacan la publicación del protocolo de atención para embarazos de niñas y adolescentes bajo tutela del Estado, la capacitación obligatoria del personal en la aplicación de la NOM-046, la prestación de consejería médica libre de prejuicios, informar sobre el avance de las investigaciones por presunta violencia sexual, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán inicie una investigación de oficio y la instalación de una mesa de trabajo para revisar los procedimientos actuales.
El documento también hace un llamado a los medios de comunicación para evitar la difusión de datos que puedan poner en riesgo la identidad de las víctimas.
El pronunciamiento contra Casa Otoch fue respaldado por varias organizaciones como Igualdad Sustantiva Yucatán A.C., Marea Verde Yucatán, AbortistasMx, UADY Sin Acoso, Casa Colibrí-Centro Cultural y de Derechos Humanos, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, capítulo Yucatán, así como diversos colectivos y activistas de la entidad.
