El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó este sábado, por unanimidad, la licencia temporal solicitada por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien pidió separarse del cargo por un periodo mayor a 30 días.
Durante la sesión extraordinaria, iniciada a las 8:29 horas con la asistencia de 38 legisladores, se dio lectura al oficio enviado por el mandatario estatal, en el que argumentó su decisión con base en el artículo 58 de la Constitución local.
Rocha Moya justifica su salida en “convicción republicana”
En el documento, Rocha Moya señaló que su solicitud responde a una “convicción republicana” y a la necesidad de permitir que las instituciones actúen con plena libertad ante los señalamientos en su contra.
El gobernador enfrenta acusaciones emitidas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo vinculan presuntamente con la facción conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa, en investigaciones relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas.
Asimismo, el mandatario expresó su confianza en que las autoridades mexicanas esclarecerán los hechos, al tiempo que reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando principios como la legalidad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional.
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Congreso activa proceso para designar gobernador interino
Tras la aprobación de la licencia, la Mesa Directiva ordenó la emisión del acuerdo correspondiente y turnó el expediente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
Dicha instancia será la encargada de elaborar la propuesta de la persona que asumirá la gubernatura de manera interina, conforme a lo establecido en la legislación estatal.
Declaran receso para definir propuesta
Luego de la votación, el presidente del Congreso declaró un receso con el objetivo de que la comisión correspondiente avance en el análisis y presente una propuesta formal al pleno.
La designación del gobernador o gobernadora interina se perfila como el siguiente paso en el proceso legislativo, en un contexto político marcado por la presión internacional y el desarrollo de las investigaciones judiciales en Estados Unidos.
El caso mantiene la atención pública tanto a nivel nacional como internacional, debido a la relevancia de las acusaciones y sus posibles implicaciones en la gobernabilidad del estado.
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