La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su gobierno ha actuado bajo los mismos criterios legales en los casos relacionados con la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y la solicitud de detención con fines de extradición contra diez mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que en ambos escenarios se ha privilegiado el respeto a la Constitución y al debido proceso, dejando claro que no existe protección a ningún funcionario sin sustento legal.
Gobierno pide revisión legal en casos Chihuahua y Sinaloa
Sheinbaum explicó que, ante la información sobre actividades de agentes extranjeros en territorio nacional, se instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a analizar si existió alguna violación a la Constitución.
En paralelo, respecto a la solicitud de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios, indicó que se solicitó la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para requerir una opinión formal de la FGR.
“Nosotros no defendemos a nadie; lo que hacemos es garantizar que todo se apegue a la ley”, sostuvo.
Noticia Destacada
Arturo Zaldívar aclara que funcionarios con licencia no tienen fuero y pueden ser detenidos
FGR no encuentra elementos suficientes en solicitud de EU
Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la Fiscalía no ha emitido un juicio sobre la culpabilidad de los implicados ni sobre la procedencia de la solicitud estadounidense.
Sin embargo, precisó que, tras analizar el documento enviado por el Departamento de Justicia, se concluyó que no se presentaron elementos suficientes que justifiquen la urgencia de una detención provisional.
En este sentido, la FGR recomendó a la Cancillería solicitar más pruebas al gobierno estadounidense, además de exigir confidencialidad para proteger el debido proceso.
¿Por qué no procede aún la extradición?
Alcalde explicó que una solicitud de detención con fines de extradición requiere acreditar un carácter urgente, es decir, demostrar riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia.
En el caso actual, señaló que no se cumplen estos requisitos, ya que no se aportaron pruebas que sustenten dicha urgencia ni una solicitud formal de extradición.
Por ello, el procedimiento se mantiene en análisis, en espera de información adicional que permita determinar si procede alguna acción legal.
Señalan campaña política tras acusaciones
La presidenta también acusó que, tras darse a conocer la solicitud de Estados Unidos, se generó una campaña mediática impulsada por sectores opositores para desacreditar a su administración.
No obstante, reiteró que su gobierno mantendrá una postura basada en la legalidad, la presunción de inocencia y la defensa de la soberanía nacional.
El caso continúa en revisión por parte de las autoridades mexicanas, mientras se espera la respuesta del gobierno estadounidense con información complementaria.
SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
IO
