El Gobierno de México detalló el estatus legal de la solicitud de extradición presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, en medio de un contexto de tensión política y jurídica entre ambos países.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que el procedimiento se encuentra en una etapa inicial y que no se trata aún de una extradición formal.
¿Qué tipo de solicitud hizo Estados Unidos?
La funcionaria precisó que lo que envió la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fue una petición de detención provisional con fines de extradición, lo que representa una medida cautelar y no una orden definitiva para entregar a los señalados.
Este tipo de solicitud, explicó, debe cumplir con requisitos estrictos establecidos en tratados internacionales y en la legislación mexicana, particularmente en lo referente a la presentación de pruebas que justifiquen la urgencia de la detención.
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México exige pruebas para avanzar
Uno de los puntos centrales de la explicación fue que, hasta el momento, la solicitud estadounidense no incluye elementos probatorios suficientes que permitan proceder conforme al marco legal mexicano.
Alcalde Luján subrayó que ninguna autoridad puede autorizar la detención de una persona sin evidencia sólida que sustente la probable comisión de un delito, ya que ello implicaría una violación a derechos fundamentales.
Por ello, la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra en proceso de análisis de la documentación recibida y, en su caso, solicitará información adicional a Estados Unidos.
¿Qué sigue en el proceso de extradición?
La consejera jurídica indicó que el siguiente paso es que la FGR determine si existen elementos legales para solicitar una orden de aprehensión ante un juez mexicano.
En caso de que no se acrediten las condiciones necesarias, la solicitud podría ser desechada o mantenerse en revisión hasta que se aporten más pruebas.
Asimismo, reiteró que el proceso debe apegarse al principio de presunción de inocencia y al respeto al debido proceso, sin presiones externas.
Defensa de la soberanía y marco legal
Finalmente, el Gobierno federal enfatizó que cualquier actuación en este caso se realizará conforme a la Constitución y los tratados internacionales vigentes, sin permitir injerencias externas.
La postura oficial se mantiene en que México colaborará con otros países, pero siempre bajo un esquema de legalidad, respeto mutuo y defensa de la soberanía nacional.
Este caso continúa en desarrollo y será la Fiscalía General de la República la instancia encargada de determinar los siguientes pasos legales.
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