El proceso judicial contra doña Carlota “N” y sus dos hijos avanzó a una etapa clave luego de que concluyera la audiencia intermedia por el caso de doble homicidio que conmocionó a la comunidad de Chalco, en el Estado de México.
Con esta fase cerrada, el expediente se encamina hacia la resolución final que definirá el futuro legal de los tres imputados.
Durante la diligencia, el Ministerio Público formalizó las penas que solicitará ante el juez. Para la mujer señalada, la Fiscalía planteó una condena de hasta 140 años de prisión, mientras que para sus dos hijos la petición asciende a 210 años cada uno, derivado de la gravedad de los hechos y la presunta participación directa en el crimen.
Fiscalía pide penas máximas por doble homicidio
Las solicitudes de condena responden a la acumulación de sanciones por los delitos imputados, considerando las circunstancias en que ocurrieron los hechos. De acuerdo con la acusación, se trata de un caso que involucra violencia extrema, lo que ha llevado a la autoridad a buscar penas ejemplares.
Estas cifras, en la práctica, equivaldrían a una cadena perpetua para los acusados, en caso de que el juez determine que existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad.
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El caso ha generado debate social, ya que algunos sectores lo interpretan como un hecho vinculado a la defensa de una propiedad presuntamente invadida, mientras que otros subrayan la gravedad del acto violento.
Esta dualidad ha mantenido la atención pública sobre el proceso, en espera de que la autoridad judicial determine si la actuación de los imputados se ajusta a los delitos que les atribuye la Fiscalía.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Tras la audiencia intermedia, corresponde al juez analizar las pruebas presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa. En la siguiente etapa se definirá si el caso avanza a sentencia y bajo qué términos legales.
La próxima comparecencia será determinante para establecer si las penas solicitadas se mantienen o si existe algún ajuste conforme al análisis judicial.
La resolución final será clave no solo para las víctimas y sus familias, sino también para una comunidad que sigue de cerca uno de los casos más impactantes recientes en la región.
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