En Quintana Roo, hay identificados, al menos, 389 asentamientos irregulares, en donde habitan unas 200 mil personas, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus). Para el proceso de regularización de estas zonas se requieren más de 2 mil 300 millones de pesos.
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Estas áreas están ubicadas en 10 de los 11 municipios del estado, y la inversión necesaria para la introducción de servicios públicos es, hasta ahora, incuantificable, según la dependencia que preside José Alberto Alonso Ovando.
Esta situación fue generada, en parte, por la vocación turística de la entidad, que atrae a personas de otras partes del país. El crecimiento exponencial de sus ciudades generó una demanda de vivienda que no fue atendida por administraciones anteriores.
En los últimos 45 años, la población del estado aumentó 17 veces, alcanzando 1,857,985 habitantes, según el Censo 2020 del Inegi. La densidad poblacional es de 42 personas por kilómetro cuadrado.
Las colonias irregulares son terrenos fraccionados o subdivididos en lotes habitacionales que no cuentan con normas de ordenamiento urbano ni con documentación legal, convirtiéndose en un problema para los tres órdenes de Gobierno, pues hay terrenos ejidales, privados y producto de invasiones.
Según la Sedetus, los municipios con más asentamientos irregulares son Othón P. Blanco, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Benito Juárez. En total, hay 389 asentamientos distribuidos en 10 municipios:
- Bacalar, 4
- Benito Juárez, 213
- Cozumel, 1
- Felipe Carrillo Puerto, 3
- Isla Mujeres, 85
- José María Morelos, 1
- Othón P. Blanco, 40
- Puerto Morelos, 7
- Playa del Carmen, 29
- Tulum, 6
Solo Lázaro Cárdenas está exento de esta situación, según datos del Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Incluyente.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), los escasos programas habitacionales no alcanzan a cubrir el rezago, que actualmente supera un déficit de 80 mil viviendas de interés social para trabajadores en el estado.
Propuestas de Ley
Ante la creciente degradación ambiental en Quintana Roo, ciudadanos y colectivos se agruparon y presentaron cuatro iniciativas para regular el crecimiento urbano sin control.
Ambientalistas sostienen que la actual planeación urbana es insegura e insostenible, reflejada en sitios inundados, ecosistemas contaminados y construcciones en áreas de conservación.
Antonella Vázquez Cavedon, fundadora e integrante de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), explicó que este esfuerzo colectivo inició tras una demanda contra el Congreso de Quintana Roo por omisión legislativa, ya que no existen normas que obliguen a elaborar un atlas de riesgo que integre zonas de manglares, humedales y cenotes en los programas de desarrollo urbano.
La iniciativa “Ley Tajamar” propone modificar las leyes estatales de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como la de Protección Civil. Su objetivo es que las autoridades locales estén obligadas a generar y actualizar un atlas de riesgo a nivel municipal y vincularlo con los planes de desarrollo urbano, evitando que se validen proyectos sin estudios ambientales.
Un ejemplo de este vacío legal es la falta de un mapeo oficial de los cenotes, pozos naturales profundos interconectados, principales fuentes de agua en Quintana Roo. A pesar de que está prohibido construir sobre ellos, no hay un registro oficial que prevenga afectaciones.
“Esa fue una sentencia que ganamos en mayo de 2023. La falta de planeación urbana sin respaldo de información científica es un problema en todos los municipios”, dijo la ambientalista, quien se alió con ciudadanos para identificar omisiones que dañan los ecosistemas del estado.
Vázquez considera que esta sentencia, aún no firme, ya que el Congreso de Quintana Roo apeló la resolución, podría marcar un cambio real para la región