Empresas en Quintana Roo están bajo la supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), con el objetivo de garantizar que cumplan con el pago del salario mínimo vigente, dijo la titular de la dependencia.
Verónica Salinas Mozo dijo que esta labor de vigilancia se lleva a cabo para asegurar que los centros laborales apliquen el incremento establecido y que los empleados reciban las percepciones correspondientes.
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La STyPS puso en marcha operativos de inspección para constatar el cumplimiento de esta disposición, principalmente después de la primera quincena de enero, periodo en el que los trabajadores deben comenzar a ver reflejado el aumento del 13 por ciento en sus ingresos, dijo Salinas Mozo.
En Quintana Roo, la población económicamente activa asciende a 995 mil 826 personas; de ellas, 544 mil 899 tienen empleo formal, mientras que 419 mil 617 se desempeñan en el sector informal, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con base en información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Según el mismo reporte, dentro de la población económicamente activa se encuentran 64 mil 775 personas disponibles para laborar, es decir, que actualmente no cuentan con un empleo.
Salinas Mozo explicó que el propósito de estos operativos es fomentar el bienestar laboral y verificar que los trabajadores gocen de las prestaciones y derechos que les corresponden conforme a las actualizaciones legales. Subrayó que no se trata de una medida para afectar a las empresas, sino de una acción institucional para cumplir con las atribuciones de la Secretaría.
Autoridades federales y organismos empresariales acordaron que para el 2026 el salario mínimo tendrá un incremento del 13 por ciento, al pasar de 278 a 315 pesos diarios. Con ello, un trabajador deberá percibir al menos 9 mil 450 mensuales; de lo contrario, el empleador incurriría en una falta a la ley.
La funcionaria destacó que, durante el 2025, Defensa del Trabajo, en coordinación con las Procuradurías Auxiliares y del Bienestar Laboral, brindaron asesoría y representación jurídica gratuita ante los Tribunales Laborales y el Centro de Conciliación.
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Como resultado de estas acciones se logró recuperar un monto total de 55 millones 902 mil pesos a favor de los trabajadores, beneficiando a 12 mil 266 personas.
Asimismo informó que se consolidaron convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Bacalar, Tulum, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel e Isla Mujeres, para la instalación de Procuradurías del Bienestar Laboral en cada municipio. Gracias a ello los empleados pueden recibir atención sin necesidad de trasladarse a otras localidades, lo que representa un ahorro considerable en tiempo y costos de transporte.
