El acoso laboral continúa siendo una problemática persistente en los espacios de trabajo de Quintana Roo. Durante el 2026 se han atendido alrededor de 2 mil 600 conflictos en este ámbito, de los cuales, cerca del ocho por ciento corresponden a denuncias relacionadas con presunto hostigamiento contra mujeres, informó Iván Andrés Figueroa, director general del Centro de Conciliación del estado.
La cifra representa un incremento del seis por ciento en comparación con el año anterior, lo que evidencia que las conductas de hostigamiento dentro de los espacios de empleo siguen presentes, principalmente ejercidas por superiores jerárquicos.
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De acuerdo con el funcionario, cerca de 200 expedientes involucran a trabajadoras que señalaron a jefes directos por comportamientos que van desde presiones para renunciar hasta abuso de autoridad o trato discriminatorio. En menor medida también se reportan diferencias con compañeros.
Figueroa explicó que el Centro de Conciliación Laboral funciona como instancia previa para resolver desacuerdos entre empleados y patrones; sin embargo, aclaró que la determinación de responsabilidades y posibles sanciones corresponde a los tribunales laborales.
“Alrededor del 70 por ciento de los conflictos se resuelven mediante conciliación, mientras que el 30 por ciento restante continúa su proceso ante los Tribunales”, detalló.
No obstante, para muchas afectadas el camino institucional no siempre garantiza justicia. Tres trabajadoras de Cancún —quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias y a ser boletinadas en el sector— relataron que el hostigamiento suele comenzar con comentarios denigrantes o presiones relacionadas con sus labores.
Una de ellas explicó que su jefe empezó a asignarle tareas imposibles de cumplir y a cuestionar constantemente su rendimiento frente a otros compañeros.
“Me decían que si no estaba conforme podía renunciar. Era una presión constante para que me fuera sin liquidación”, relató.
Otra empleada dio a conocer que, tras denunciar irregularidades internas, comenzó a recibir amenazas de despido y cambios arbitrarios de horario.
“Sabes que si denuncias te cierran puertas en otras empresas. En Cancún, muchos empresarios se conocen y eso te deja marcada”, aseguró.
Agregó que otra forma de presión fueron las jornadas laborales que se extendían más de ocho horas diarias, modificaciones de turno sin previo aviso, negativa a otorgarle el día de descanso obligatorio y órdenes difíciles de cumplir, como salir de la empresa en horas de la madrugada.
Especialistas en derecho laboral advierten que el temor a perder el empleo o quedar estigmatizadas continúa siendo uno de los principales obstáculos para presentar denuncias.
La abogada laboralista María Dolores Cisneros señaló que, además del miedo a represalias, muchas afectadas enfrentan procesos judiciales excesivamente prolongados, lo que desincentiva las demandas.
Cisneros representa a 11 trabajadoras de la exguardería Bugambilias, afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo caso continúa en litigio a pesar de que el centro ya cerró operaciones. El proceso se encuentra en etapa de ejecución, pero las audiencias han sido pospuestas en repetidas ocasiones.
“Los retrasos son constantes. Las trabajadoras siguen esperando una resolución después de años de litigio”, denunció.
El problema de la lentitud judicial no es aislado. Un grupo de cinco empleados mantiene una demanda laboral desde el 2006, sin que hasta ahora exista un fallo definitivo.
Pablo, uno de los afectados, explicó que el caso se inició durante la administración del entonces gobernador Félix González y que, a lo largo de los años, han buscado apoyo de distintos Gobiernos estatales sin obtener respuesta.
“Hemos pedido ayuda a varios Gobernadores y nada se resuelve”, dio a conocer.
Miguel, otro de los demandantes, relató que además de esperar más de dos décadas, los trabajadores han tenido que cubrir en repetidas ocasiones gastos de peritaje para actualizar el valor de los avalúos de los bienes embargados al empresario demandado.
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“Primero nos pidieron 9 mil pesos, luego 15 mil, después 25 mil y ahora quieren 34 mil. Ya no tenemos de dónde sacar”, explicó.
Para defensores laborales, estos casos reflejan fallas estructurales en el sistema de justicia en materia de trabajo, donde la conciliación suele resolver disputas menores, mientras que los procesos más complejos se prolongan durante años.
La especialista en derechos laborales Adriana Morales Vázquez considera que el hostigamiento en los centros de trabajo sigue siendo un fenómeno subregistrado y que la mayoría de las denuncias provienen del sector servicios, como hoteles y restaurantes; incluso, señaló, también se presentan en dependencias gubernamentales.
“Muchas mujeres prefieren renunciar antes que iniciar un proceso legal que puede durar años y poner en riesgo su carrera”, advirtió.
En un estado donde el sector servicios concentra gran parte del empleo, organizaciones laborales coinciden en que garantizar espacios laborales libres de violencia continúa siendo una deuda pendiente.
