José Isabel Sulub Cimá, el 1 de diciembre de 2018, acudió al Zócalo de la Ciudad de México a entregar el Bastón de Mando al ungido presidente Andrés Manuel López Obrador, vestido como lo dictan las tradiciones en un día especial para los devotos de la Cruz Parlante: con su camisa, el lek (pantalón corto) y ceñidor (faja). Ese día era general y representante del Gran Consejo Maya de Quintana Roo. Digno heredero de la Guerra de Castas.
El 12 de febrero del 2019, Don José Isabel fue destituido por la fuerza y por unos pocos de la presidencia del Gran Consejo Maya por esa acción, pese a su linaje como nieto del teniente Evaristo Sulub quien combatió en 1933, en el último episodio de la Guerra de Castas, surgida en 1947.
Para el 24 del mismo mes y año, Andrés Manuel López Obrador -en el evento conmemorativo del Día de la Bandera en Chetumal- le reconoció su representación del pueblo maya y Sulub Cimá protagonizó una de las imágenes más emblemáticas del Obradorismo y el indigenismo. Vestido con su traje típico de los Maya Cruzo’Ob o macehuales, sin más.
Cuatro años después, el 23 de junio de 2023, José Isabel Sulub Cimá falleció a los 86 años en Quintana Roo.
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Las guayaberas y el lino en Xcaret
Pasaron 9 meses de la muerte del General Sulub, a quién la Secretaría de Cultura de México recuerda en sus archivos, como alguien “comprometido con la preservación de las tradiciones y el empoderamiento de su pueblo”; era 6 de marzo de 2024 y Simón Caamal Coh en su carácter de autonombrado Presidente del Gran Consejo Maya ha dado un vuelco a la imagen representativa de las comunidades Mayas Cruzo’Ob.
De acuerdo con testimonios de personas de las propias comunidades, Caamal Coh carece de los méritos y del reconocimiento necesarios para ostentarse como General de Chumpón y además se impuso en el denominado Gran Consejo Maya. En contraste con la imagen emblemática de José Isabel Sulub Cimá junto a AMLO en Chetumal, Caamal Coh aparece ahora en instalaciones del Grupo Xcaret, acompañado de ejecutivos de la empresa y vestido con guayabera y pantalón de lino, en una escena que, para muchos, refuerza su desvinculación con la legitimidad comunitaria.
Según refieren personas de las comunidades Cruzo’ob —conocedoras de sus sistemas normativos y de la tradición—, quienes acompañan al ciudadano Simón Caamal, son el también señalado como autoimpuesto “General Gabino Cruz Yeh”, presentado como secretario del denominado Gran Consejo, así como “Edilberto Chablé Catzín”, quien, pese a ostentarse como sacerdote, no contaría con la representación legítima del Centro Ceremonial de la Cruz Parlante de Felipe Carrillo Puerto.
La estructura derivada de la visión del exgobernador Mario Villanueva Madrid, se hace acompañar -de acuerdo con la publicación oficial del Grupo Xcaret- de su equipo de asesores: Catalina Rodríguez y el profesor Joaquín Arzápalo Gómez.
Por el lado de los intereses de Miguel Quintana Pali y los hermanos Óscar, Marcos y Carlos Constandse Madrazo, estuvieron sus “representantes del Comité de Salvaguardia del Patrimonio Cultural”: Leticia Aguerrebere Salido, presidenta y directora corporativa de Arte y Cultura; Iliana Rodríguez, secretaria y directora corporativa de Sostenibilidad y Diálogo Institucional; Raúl Lugo, vocal y director Jurídico Legal; Mauricio Kuri, director de Comunicación Corporativa; Armando Real, abogado del área jurídico legal; Nelson Gómez, jefe de Exhibiciones y Animación cultural; y Víctor Nolasco, subgerente de Comunidades Sostenibles.
La imagen, ahora… también es emblemática.
GCM y Grupo Xcaret, la hermandad
Al poner la lupa —con la norma Constitucional en la mano y la voz de las comunidades Cruzo’Ob al centro—, el comunicado de 2024 “El Gran Consejo Maya y Grupo Xcaret Informan” revela una historia muy distinta a la que pretende contar:
Desde una visión comunitaria y con el artículo 2 constitucional en la mano, a decir de varios expertos en defensa de Derechos Humanos, el comunicado conjunto entre el Gran Consejo Maya y Grupo Xcaret construye una narrativa de legitimidad que descansa en una supuesta representación indígena que no necesariamente emana de procesos comunitarios amplios.
El texto afirma que “el Gran Consejo Maya reconoce que en Grupo Xcaret existe una política empresarial de irrestricto respeto a los pueblos indígenas” , lo que, más que evidenciar un proceso de consulta libre, previa e informada conforme a estándares internacionales y mandatado por las leyes del Estado Mexicano, reproduce un esquema de validación institucional concentrada.
Este tipo de reconocimiento, sin contraste con comunidades específicas afectadas, opera como un mecanismo de sustitución de la voz colectiva por una entidad cuya representatividad ha sido fuertemente cuestionada desde hace años y que inclusive podría estar en litigio.
Los expertos consultados señalan que el comunicado profundiza esta lógica al sostener que la empresa “lleva más de treinta años valorando, visibilizando, difundiendo… el Patrimonio”, apropiándose indebidamente y solo en las apariencias, el rol de agente cultural. Sin embargo, esta narrativa omite mencionar que el grave conflicto que llevan años disputando con las auténticas comunidades indígenas, ha llegado ante la Suprema Corte debido al uso comercial de elementos culturales indígenas, sin consenso pleno de las comunidades Cruzo’Ob, lo que ha motivado incluso resoluciones de autoridad (Indautor) para suspender dicho uso . En ese sentido, la “visibilización” proclamada se aproxima más a una estetización del patrimonio y a una explotación y uso indebido con fines turísticos que a un ejercicio de autodeterminación cultural.
Finalmente, indican las fuentes, el eje del acuerdo —“propiciar espacios… para que los portadores… compartan con dignidad” — revela una relación vertical e impositiva: es la empresa quien habilita los espacios y define las condiciones de participación, cuando lo legal y lo correcto es que eso lo definan los propietarios del patrimonio cultural, en este caso las comunidades Mayas. Este encuadre desplaza a las comunidades reales como sujetos de derecho y las reconfigura como “portadores” funcionales dentro de una cadena de valor turística.
Así, el Gran Consejo Maya opera como intermediario legitimador en un esquema que puede leerse como social washing (lavado de imagen social), donde la narrativa de colaboración encubre la exclusión de voces comunitarias diversas y la falta de mecanismos robustos de consentimiento colectivo.
En tiempo, entre la foto de Don José Isabel Sulub Cimá y la de Simón Caamal Coh con sus huestes y las del Grupo Xcaret, ya marchaba el procedimiento del Instituto Nacional de los Derechos de Autor (Indautor), oficio DPVDA-PAPPC-003 del 2022, que acusó a la empresa de parque, hoteles y touroperadora, por explotación comercial de símbolos, rituales e iconografía maya sin consentimiento pleno, violando la ley federal de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas.
El Gran Consejo Maya de Caamal, más cerca del lino que de la manta.
El origen del Gran Consejo Maya: Ley Villanueva
El Gran Consejo Maya surgió por mandamiento de una ley que no pasó por el proceso de consulta previa, libre e informada en 1998; en la administración de Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999, aún bajo prisión domiciliaria por los cargos de lavado de dinero y narcotráfico.
Conviene no perderlo de vista: desde 1991, con la publicación en el DOF del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, México quedó obligado a consultar —de forma libre, previa e informada— a los pueblos indígenas en toda decisión que les afecte.
Villanueva Madrid, político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con quien -como Alcalde de Cancún en 1990- emergió la bonanza del Grupo Xcaret con una muy buena relación; según reportes periodísticos de la época. ¿Coincidencia?
Publicada el 31 de julio de 1998, la Ley de Derechos Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo establecía, que la “Comunidad indígena maya: Es aquella, en la que sus individuos descienden de poblaciones que habitaban antes de iniciarse la colonización y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas”.
Así también tras las numerosas reformas que ha sufrido, señala en el Artículo 4, apartado IX, que el “Gran Consejo Maya: Es el órgano máximo de representación de los indígenas mayas del Estado, integrado por los dignatarios mayas representantes de los Centros Ceremoniales”.
Hecha en el Villanuevato, cuyo lema no oficial decía “En mi estado mando yo”, la misma Ley en su Artículo 18 vigente, con un objetivo claramente injerencista señala:
“El pueblo maya y las comunidades indígenas tienen derecho al respeto pleno de la propiedad, control y protección de su patrimonio cultural y científico. El Estado, por medio de sus instituciones competentes y previa opinión del Gran Consejo Maya, dictará las medidas idóneas para la eficaz protección de sus ciencias, técnicas y manifestaciones culturales, comprendidos los recursos humanos y biológicos, así como el conocimiento de las propiedades de la fauna y flora, tradiciones orales, literatura, diseños y artes visuales o dramáticas”.
Esta ley promueve que el Estado, además del patrimonio cultural, también intervenga con los recursos naturales de los mayas e incluso la educación:
Artículo 21.- Las autoridades educativas promoverán la construcción de una nueva relación de equidad entre las comunidades indígenas, los sectores de la sociedad y el Estado, para lo cual establecerá, en consulta con su órgano máximo de representación del pueblo maya (el Gran Consejo Maya) y las comunidades indígenas, las instituciones y mecanismos que permita la preservación, protección y defensa de su cultura, idioma, usos, costumbres y tradiciones.
Y no sólo eso, la Ley de Derechos Cultura y Organización Indígena de Quintana Roo, sólo reconoce como Centros Ceremoniales Mayas a “aquellos que reconozcan al Gran Consejo Maya”; además de los tradicionales Tixcacal-Guardia, Chance-Veracruz, Chumpón, Tulum y Cruz Parlante.
Consejo formal, pero sin legitimidad
No es una alianza que nazca de las comunidades ni responda a su lógica interna. Por el contrario, según pudo documentar Por Esto! con fuentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México —encabezada por Óscar Banda González— advirtió en un amicus curiae que el llamado Gran Consejo Maya ha operado bajo dinámicas que generan afectaciones a las propias comunidades que dice representar.
Desde esta instancia de la Secretaría de Gobernación, se habrían presentado ante ministras y ministros argumentos que cuestionan de fondo la legitimidad del organismo y su papel como interlocutor válido de los pueblos mayas en Quintana Roo. En términos de derecho indígena, el señalamiento no es menor: implica la posible sustitución de la representación comunitaria por una figura sin respaldo en los sistemas normativos propios.
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La controversia, sin embargo, no es nueva. Diversos estudios han documentado el origen y la cercanía del Gran Consejo con estructuras de poder estatal, así como patrones de injerencia del gobierno de Quintana Roo en asuntos que, conforme al artículo 2º constitucional y al Convenio 169 de la OIT, deberían resolverse desde la autodeterminación de los pueblos.
En ese mismo sentido, el pasado 21 de marzo, integrantes de comunidades mayas Cruzo’Ob señalaron públicamente a la gobernadora Mara Lezama Espinosa por presuntamente realizar gestiones ante la Corte en favor de Grupo Xcaret, lo que ha encendido alertas sobre posibles interferencias políticas en un litigio de alto impacto cultural.
El telón de fondo es inminente: este jueves, el Pleno de la Corte discutirá la ponencia de la ministra María Estela Ríos González, en el Caso 4/2025, donde se revisa el amparo que permitiría a Xcaret continuar utilizando —de forma cuestionada— elementos del patrimonio cultural maya. Una decisión que, más allá del expediente, pondrá a prueba el alcance real de los derechos colectivos en México.
Amiga de la Corte
En coincidencia, este 23 de marzo, la gobernadora de Quintana Roo expuso su cercanía colaborativa con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; según exhibió tras un evento institucional, lo cual convirtió en una publicidad de prensa.
“Participé en la firma de un acuerdo histórico entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de las Mujeres de México, para dar voz a más mujeres y garantizar una justicia con perspectiva de género e interculturalidad”; difundió la Gobernadora de Quintana Roo.
En tanto, y por invitación expresa, una comitiva de autoridades comunitarias Mayas Cruzo’Ob espera llegar a la Suprema Corte el jueves a presenciar la votación de los “Ministros del Pueblo”, con los que Mara Lezama se codea, en el llamado Caso Xcaret; un litigio que no sólo sigue su curso en tribunales, sino que arrastra un pasado aún pendiente de escrutinio.
Continuará …
