Autoridades del Gobierno federal y Quintana Roo firmaron un convenio para fortalecer varias instituciones durante el 2026 mediante recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
De acuerdo con el acuerdo suscrito entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, la entidad recibirá 18 millones 761 mil 185 pesos de origen federal para acciones en materia de seguridad, capacitación policial y fortalecimiento institucional.
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El documento establece además que el Estado deberá aportar una cantidad equivalente, es decir, otros 18 millones 761 mil 185 pesos provenientes de recursos estatales, por lo que el monto total superará los 37.5 millones.
Informaron que el presupuesto estará destinado principalmente a reforzar las capacidades de corporaciones municipales y estatales, especialmente en municipios con menor población o mayores niveles de marginación.
Entre las obligaciones contempladas destacan las evaluaciones de control de confianza, formación de elementos policiacos, el seguimiento al Servicio Profesional de Carrera y la entrega de informes periódicos sobre la aplicación del dinero.
El convenio también obliga a Quintana Roo a administrar los recursos mediante cuentas bancarias específicas y transparentar el ejercicio del gasto, además de reintegrar el capital no utilizado al cierre del ejercicio fiscal. El texto señala que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, encabezado por Adrián Martínez Ortega, será responsable del seguimiento operativo y financiero del presupuesto.
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La firma de este acuerdo ocurre en medio de los desafíos que enfrenta Quintana Roo en materia de seguridad, particularmente en destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen y Tulum, donde persisten problemáticas relacionadas con delitos de alto impacto y el acelerado crecimiento poblacional.
El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026 y contempla mecanismos de fiscalización y transparencia por parte de autoridades federales y estatales.
