Quintana Roo se mantiene en el mapa crítico de la inseguridad al figurar entre las 10 entidades con mayor porcentaje de extorsión, registrando una tasa de 2.4 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Así lo reveló el Monitor de Seguridad de la Coparmex, el cual precisó que, durante el primer trimestre de 2026, el país promedió 32.4 personas afectadas diariamente por este ilícito.
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Esta herramienta de análisis, que utiliza datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública bajo un ordenamiento propio, contabilizó 2 mil 915 víctimas en territorio nacional. Esta cifra representa el segundo nivel más alto registrado en los últimos 11 años, evidenciando una crisis que no cede.
Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lanzó una dura crítica sobre el impacto de este fenómeno. “La extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios; es el delito que mata a las Mipymes y trae como consecuencia la pérdida del patrimonio de familias, jóvenes y madres solteras que sostienen esos emprendimientos”, señaló.
El "impuesto" más caro para la economía
El dirigente patronal fue más allá al denunciar que, en diversas regiones, la propia autoridad se ha convertido en el principal agente extorsionador de las unidades económicas mediante cobros irregulares.
“Es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy. Por eso decimos que el delito está desbordado”, afirmó Sierra Álvarez. Se estima que el impacto económico de esta actividad criminal asciende a 15 mil millones de pesos anuales, lo que equivale al 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB).
Uno de los mayores obstáculos para combatir esta problemática es la cifra negra. Actualmente, se estima que el 97% de los casos no se contabilizan en las estadísticas oficiales, ya que solo el 3% de las víctimas se atreve a presentar una denuncia formal ante la Policía de Investigación o la fiscalía, debido al temor a represalias o la falta de confianza en las instituciones.
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Contrastes en la percepción ciudadana
Por otro lado, la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2026, publicada por el Inegi, muestra realidades distintas para las principales ciudades de la Península de Yucatán. Mientras que en la capital, Chetumal, los ciudadanos manifestaron sentirse más vulnerables, Cancún logró registrar una ligera disminución en el sentimiento de inseguridad durante los primeros tres meses del año.
Estos datos sirven como un termómetro para el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, permitiendo medir la efectividad de las políticas públicas y el impacto real de las estrategias de seguridad en la zona maya y los centros urbanos. Ante el panorama, el sector empresarial urgió a las autoridades a fortalecer el Estado de Derecho y garantizar condiciones seguras para la inversión y el desarrollo social.
