El reforzamiento de los operativos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para clausurar perforaciones irregulares en Quintana Roo expone una problemática que afecta a cerca de 300 mil habitantes en la entidad: el nulo acceso formal a la red de agua potable en asentamientos desincorporados. Mientras la dependencia federal advierte sobre los riesgos ambientales y legales de los denominados “pozos pirata”, pobladores señalaron que la necesidad los obliga a habilitar tomas artesanales ante la carencia de infraestructura hidráulica y servicios básicos.
Colonos de al menos tres asentamientos confirmaron que desde hace años recurren a estas alternativas debido a que miles de familias habitan en las más de 200 colonias no municipalizadas en la periferia de la ciudad, además de las zonas de invasión ubicadas dentro de la mancha urbana.
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“Tenemos varias necesidades en estas colonias, pero en cuestión de agua, la mayoría tiene pozos y su líquido está sano, porque en otros lados está podrido. Mucha gente sigue padeciendo por el abastecimiento desde que llegamos aquí hace 20 años; el recurso se toma desde la Portillo por conexiones clandestinas, esa es la realidad. No todo mundo tiene para pagar una pipa, no queremos perjudicar a nadie, simplemente es algo que vivimos a diario”, aseguraron los afectados.
Otros habitantes reconocieron que las tomas clandestinas sobre la avenida José López Portillo persisten por la falta del servicio. Quienes carecen de una captación propia o enfrentan problemas de contaminación con olores fétidos recurren a estos enlaces ilegales, lo que daña la infraestructura general del estado y provoca fugas constantes.
Autoridades de la Conagua afirmaron que la sustracción ilegal del recurso a nivel nacional es significativamente mayor a las estimaciones previas. De hecho, la dependencia federal registró 7 mil 467 puntos de extracción ilícita en la infraestructura hídrica del país.
Guanajuato, Estado de México y Morelos encabezan la lista con el mayor número de conexiones ilegales. A nivel local, los Ayuntamientos de Othón P. Blanco y Benito Juárez concentran la problemática, sumándose Cozumel, donde el personal de la Comisión de Agua Potable y Arrancamiento (CAPA) detectó al menos 40 tomas irregulares en diversas colonias durante el año pasado.
Registros de las autoridades hídricas estiman que hasta el 40 por ciento del agua potable se pierde debido a fugas y enlaces ilícitos en el país. Estas conexiones improvisadas representan un riesgo sanitario latente al permitir la infiltración de residuos o químicos al sistema, además de reducir la presión y la disponibilidad del líquido para los usuarios regulares, una situación que quedó al descubierto en Cozumel tras detectarse los puntos de sustracción ilegal en la ínsula.
Viviendas de diversas colonias en Benito Juárez, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco carecen por completo de conexión a la red pública. Ante el desabasto, los núcleos familiares dependen de sistemas alternativos de aprovisionamiento, principalmente pozos domésticos excavados por cuenta propia.
La normativa federal establece que la extracción de agua subterránea requiere de permisos, concesiones y registros específicos ante la Conagua, según el uso y el volumen. La problemática incrementa cuando los trabajos de perforación se realizan sin autorización ni criterios técnicos, lo que vulnera el acuífero y la salud pública.
En Quintana Roo, donde el subsuelo de roca caliza alberga una extensa red de ríos subterráneos, por lo que cualquier afectación al manto freático genera consecuencias graves. Un pozo mal edificado facilita la filtración directa de aguas negras, fosas sépticas o desechos hacia las reservas dulces.
Hasta el momento, la Conagua y su delegada en el estado, Érika Ramírez Méndez, no han precisado el número de denuncias por pozos irregulares correspondientes a Cancún ni las zonas con mayor incidencia, datos clave para diferenciar entre la explotación ilegal a gran escala y el desabasto que afecta a las familias locales.
Como antecedente de la gravedad del problema, la Conagua participó en un operativo en Puebla que permitió asegurar 10 pipas y desmantelar un aprovechamiento sin concesión. Tras la clausura e intervención técnica en la infraestructura, se logró recuperar un flujo de 40 litros por segundo, volumen equivalente a casi 3 millones 500 mil litros diarios, suficientes para abastecer a 35 mil habitantes.
