Quintana Roo / Cancún

Asociación reclama sanciones contra los desarrollos inmobiliarios de Cancún sin permiso

De acuerdo con DMAS, las consecuencias incluyen riesgos para los compradores, daños ambientales y afectaciones serias a la infraestructura.

Asesores involucrados en fraudes fueron detenidos
Asesores involucrados en fraudes fueron detenidos / Por Esto!

La asociación Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS) exige a la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable (Sedetus) aplicar sanciones a quienes promueven desarrollos sin permisos ambientales.

La representante de la organización, Antonella Vázquez, aseguró que solicitaron a la Sedetus, a cargo de José Alberto Alonso Ovando, la publicación de la lista negra completa de cientos de proyectos inmobiliarios que carecen de autorizaciones y que atentan contra el equilibrio ecológico.

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Asimismo, criticó que la dependencia estatal otorgue plazos para que las empresas se regularicen, pues consideró que esta medida no constituye un castigo, sino un paliativo ante el desorden en el sector y la presunción de fraudes.

Por su parte, la Sedetus afirmó que cumplió con la creación de una página donde se publican los desarrollos infractores. El titular de la dependencia precisó que a la fecha suman 116 proyectos sancionados, algunos de los cuales permanecen clausurados. Las anomalías iniciaron en Mahahual y ahora afectan también a Bacalar, Tulum, Playa del Carmen e Isla Mujeres.

Entre las principales faltas detectadas destacan la ausencia de constancias y autorizaciones estatales y municipales para operar.

Alonso Ovando afirmó que esto viola normativas sobre ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Hasta el momento, la Sedetus ordenó la detención de 70 obras, con clausuras y posibles denuncias penales en marcha.

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Además, se reportan detenciones de asesores involucrados en fraudes y un incremento notable en las denuncias ciudadanas.

Este fenómeno pone en evidencia una doble problemática: por un lado, las evasiones deliberadas de los desarrolladores y, por otro, la falta de capacidad institucional para supervisar el crecimiento inmobiliario.

De acuerdo con DMAS, las consecuencias incluyen riesgos para los compradores, daños ambientales y afectaciones serias a la infraestructura y al prestigio del sector legal.