Más de 300 propietarios de predios en la zona de expansión turística Cancún-Isla Blanca denunciaron restricciones administrativas impuestas por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus). No obstante, reconocieron que ya comenzaron los primeros acercamientos con la dependencia y permanecen a la espera de una próxima reunión, informó Edson Davison Mendoza, presidente de la organización de colonos Santa Fátima y Francisco Javier.
Desde marzo de este año, la dependencia notificó al Registro Público de la Propiedad y a notarios de Quintana Roo que deberán abstenerse de realizar movimientos relacionados con esos terrenos, bajo el argumento de que podrían ser considerados “terrenos nacionales”.
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La controversia se concentra principalmente en los predios identificados como Santa Fátima y Francisco Javier, ubicados en un corredor estratégico que actualmente alberga más de 11 mil habitaciones hoteleras y prevé alcanzar las 30 mil en los próximos años. “No tenemos incertidumbre, estamos seguros con nuestros títulos de propiedad”, afirmó Davison Mendoza.
En la zona también avanza el desarrollo de viviendas, clubes de playa, restaurantes y otros establecimientos comerciales, además de que al menos dos predios cuentan con carpetas de investigación abiertas por parte de la Fiscalía General de Quintana Roo.
Davison Mendoza solicitó que las autoridades actúen únicamente contra quienes hayan incurrido en posibles actos ilícitos, sin afectar a propietarios que cuentan con documentación válida. Asimismo, destacó que, pese a la falta de servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica, los habitantes han destinado recursos propios para conservar los caminos de acceso.
Explicó que está pendiente una reunión con representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), con el propósito de revisar la situación jurídica de los predios y encontrar una solución que brinde certeza legal a quienes acrediten la propiedad.
Señaló que presentarán documentos para demostrar la posesión legítima de la tierra y los años que llevan establecidos en el lugar. Añadió que el conflicto comenzó con el inicio de la construcción de la vía a Isla Blanca, en la zona continental de Isla Mujeres.
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La obra contempla una inversión inicial de 183 millones de pesos e incluye la incorporación de sargazo como material de construcción, con lo que se busca transformar un pasivo ambiental en un insumo aprovechable.
Mientras tanto, en la zona cercana a la laguna Chacmuchuc, pescadores continúan con sus actividades para obtener capturas de escama. “Los problemas por las tierras aquí tienen muchos años”, expresó María Esther, quien aseguró que habita en el sitio desde hace más de 20 años.
