Familiares de personas privadas de la libertad denunciaron presuntos abusos de autoridad y violaciones a las garantías individuales dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso), mediante un escrito dirigido a la Comisión de los Derechos Humanos, en el que solicitaron intervención urgente ante intimidación y condiciones que pondrían en riesgo la integridad de los internos.
De acuerdo con los testimonios, las irregularidades comienzan desde el ingreso al penal. Señalaron que varias personas recluidas habrían sido sometidas a agresiones físicas por parte de custodios como mecanismo de intimidación inicial.
Indicaron que también usan celdas de castigo y aislamiento prolongado, medidas que, afirmaron, se aplican sin supervisión, ni sustento legal, lo que impide a familiares verificar el estado físico y emocional de sus allegados.
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Los denunciantes también expusieron inconsistencias en la entrega de recursos económicos enviados por los seres queridos, además de señalar deficiencias en la calidad de los alimentos.
Aseguraron que el centro carece de atención médica básica y de medicamentos esenciales, situación que, según indicaron, deriva en traslados de emergencia al hospital general únicamente cuando los internos presentan condiciones críticas o riesgo grave para su vida.
Indicaron que el temor a posibles represalias ha limitado la presentación de denuncias formales, por lo que optaron por recurrir a instancias defensoras de derechos humanos. En ese sentido, solicitaron una revisión integral del funcionamiento del penal, con el objetivo de garantizar la integridad de la población interna.
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El colectivo pidió la admisión de una queja conjunta y la implementación de medidas cautelares para proteger la integridad física y psicológica de los reclusos.
Entre las solicitudes destaca la realización de una visita de supervisión inmediata, así como la revisión de bitácoras sanitarias, contratos con proveedores de alimentos y expedientes médicos.
Asimismo, requirieron informes detallados sobre los protocolos de uso de la fuerza, registros disciplinarios y manejo de recursos económicos, además de garantizar la confidencialidad de quienes denunciaron, a fin de evitar posibles represalias durante el proceso de investigación.
