La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que tribunal federal dio respuesta a la solicitud de suspensión de Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. siendo favorable para el gobierno de México ya que la instancia judicial determinó que debe permitirse a la empresa Calica entrar a los predios de la cantera, pero únicamente restaurar la zona explotada bajo supervisión de la autoridad ambiental, como lo solicitó la dependencia federal en su momento.
La Semarnat precisó que el resolutivo dado a conocer por parte del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, respecto de la solicitud de suspensión de Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V., lo que representa un logro importante para el Gobierno de México en la defensa de sus recursos naturales.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que tribunal federal dio respuesta a la solicitud de suspensión de Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. siendo favorable para el gobierno de México ya que la instancia judicial determinó que debe permitirse a la empresa Calica entrar a los predios de la cantera, pero únicamente restaurar la zona explotada bajo supervisión de la autoridad ambiental, como lo solicitó la dependencia federal en su momento.
La Semarnat precisó que el resolutivo dado a conocer por parte del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, respecto de la solicitud de suspensión de Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V., lo que representa un logro importante para el Gobierno de México en la defensa de sus recursos naturales.
Además, dentro del juicio de nulidad administrativa, se demostró con pruebas periciales que Calica explotó el doble de lo autorizado, por lo que en los más de 50 juicios promovidos por la empresa desde 2022, no ha logrado que se le permita continuar con la extracción de roca caliza.
De acuerdo con la dependencia federal, esta doble explotación representa un abuso sistemático del marco normativo ambiental, aunado a que la empresa no obtuvo todas las concesiones de agua que debía obtener y jamás solicitó un permiso forestal. No obstante, hoy mantiene una demanda internacional para acusar a México precisamente de las faltas que la propia empresa cometió.
