A más de cinco años de su inicio, persiste el presunto fraude inmobiliario contra 500 familias en la Ruta de los Cenotes a través de Corporativo Milenium. Los afectados señalan que la empresa continúa operando.
Las víctimas ubican las oficinas en Plaza Malecón Américas y vinculan el proyecto con una dirigencia sindical estatal. Mantienen este señalamiento desde el origen del conflicto, sin obtener respuesta de las autoridades.
Oliverio, uno de los agraviados, afirmó que los afectados pertenecen a distintas entidades de México y a países como Argentina, Chile, Canadá y Estados Unidos, quienes fueron captados, principalmente, mediante redes sociales y campañas digitales.
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Los quejosos relataron que al acudir a las oficinas les presentaron supuestos predios ubicados en el kilómetro 23 de la mencionada ruta, donde les ofrecieron facilidades de pago, enganches accesibles y mensualidades. Sin embargo, antes de signar los acuerdos se les exigió un pago inicial, así como el cobro de una anualidad y cuotas adicionales para “formalizar” el convenio.
Uno de los elementos más delicados del caso es que, según los afectados, en los documentos se utilizó el nombre de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, insinuando que la venta contaba con su respaldo. “Nosotros no creemos que la Gobernadora sea parte de este engaño, pero usaron su nombre para darnos confianza”, señaló Oliverio.
Los terrenos continúan ofertándose en oficinas físicas, redes sociales y volantes distribuidos en la ciudad, a pesar de las múltiples acusaciones públicas.
Las familias afectadas señalaron que, además de no recibir sus propiedades, han sufrido amenazas para evitar que procedan legalmente. “Nos dicen que si hablamos, ellos tienen respaldo y no les sucederá nada”, expusieron. Una de las víctimas señaló haber entregado cerca de 400 mil pesos en distintas exhibiciones, sin que hasta la fecha le hayan otorgado escrituras, contrato definitivo o documento alguno que acredite la posesión.
“No podemos construir ni realizar ninguna acción porque en realidad no nos han entregado nada”, afirmó. El conflicto inició en el 2019 y desde entonces carece de una solución integral para los cientos de hogares que permanecen en la incertidumbre, por lo que exigieron la intervención directa de las autoridades estatales.
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La venta irregular de predios para vivienda y uso comercial se incrementó en Quintana Roo durante los últimos tres años, particularmente en temporadas como la decembrina, cuando muchas personas destinan su aguinaldo a la inversión.
Autoridades estatales confirmaron que más de 100 desarrollos fraudulentos fueron clausurados, muchos de ellos detectados mediante el monitoreo de la Policía Cibernética. Estas estafas suelen violar la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado. En ellas participan supuestos empresarios, agentes no certificados, abogados, notarios y especialistas en marketing digital.
Incluso, la gobernadora Mara Lezama alertó públicamente sobre estas prácticas. Durante las audiencias de “La Voz del Pueblo”, se recibieron al menos 40 denuncias formales, casos que ya cuentan con seguimiento institucional.
Además de Corporativo Milenium, las autoridades identificaron otros casos como Ciudad Varuna y Global Martínez, en Cancún, donde algunas personas ya enfrentan procesos judiciales y prisión preventiva, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE). El titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), José Alberto Alonso Ovando, informó que 116 desarrollos han sido sancionados en la entidad y varios fueron clausurados. Existe una plataforma pública donde se exhiben los proyectos infractores para consulta ciudadana.
Humberto Michel, agente inmobiliario, señaló que individuos o empresas sin escrúpulos venden propiedades que no les pertenecen o que son patrimonio de la nación o ejidos, utilizando documentación apócrifa. Advirtió que las estafas suelen atraer a compradores con precios muy bajos o enganches mínimos, aunque los terrenos carecen de permisos, uso de suelo o certeza jurídica. Las autoridades reiteraron que cualquier persona víctima de este delito debe denunciar ante la Fiscalía General del Estado, además de verificar previamente los desarrollos ante Sedetus y Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (Agepro). Instaron a la población a no invertir sus ahorros sin confirmar la legalidad de los predios.