La justicia federal ratificó de manera definitiva la clausura de las actividades extractivas de la empresa Calica en Playa del Carmen, al negar el amparo promovido por la filial de la estadounidense Vulcan Materials Company, con lo que se mantiene vigente la sanción impuesta por el Gobierno Federal desde mayo de 2022 y se establece que el cierre del sitio es un acto consumado e irreversible conforme a la legislación mexicana.
De acuerdo con la resolución emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito de Quintana Roo, correspondiente al expediente 1231/2023 y hecha pública este 6 de enero tras el reinicio de actividades jurisdiccionales, la empresa no podrá reanudar la extracción de material pétreo en el predio conocido como “La Rosita”, ubicado en la zona de Punta Venado, al sur de Playa del Carmen.
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El fallo confirma la validez de las sanciones administrativas previas, entre ellas multas económicas y la clausura total y definitiva del proyecto.
La sentencia subraya que la medida de seguridad en materia forestal permanece vigente, lo que impide cualquier intento de reactivar el aprovechamiento de roca caliza, particularmente en áreas situadas por debajo del nivel freático.
Asimismo, establece la obligación de la empresa de resarcir el daño ambiental generado tras más de dos décadas de actividades extractivas en la región, consideradas responsables de afectaciones significativas al ecosistema de la Riviera Maya.
El litigio se desarrolló en un contexto de alta relevancia política y diplomática. Iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el caso fue ratificado en la actual gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A lo largo del proceso, el conflicto trascendió el ámbito nacional y llegó al Congreso de los Estados Unidos, donde en marzo de 2025 legisladores estadounidenses solicitaron la intervención del entonces presidente Donald Trump en favor de la empresa.
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No obstante, la resolución judicial mexicana desestimó cualquier presión externa y reafirmó la soberanía del Estado mexicano en la protección de sus recursos naturales.
El historial del caso incluye la intervención de fuerzas federales, como la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano, en las instalaciones de la empresa, así como disputas de carácter comercial relacionadas con el control operativo del puerto utilizado para el traslado de materiales.
